Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó el 'caso De Miguel', declarará del 5 al 7 de marzo
La denunciante del 'caso De Miguel', la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, declarará en el juicio del mayor caso de corrupción de Euskadi que ella contribuyó a destapar la semana del 5, 6 y 7 de marzo. Alberdi denunció en 2009 ante la Fiscalía haber sido extorsionada por el que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y por el también dirigente 'jeltzale', Aitor Tellería, quienes presuntamente le solicitaron una comisión de 100.000 euros tras haber adjudicado 'a dedo' un contrato a la empresa de su exsocio Jon Iñaki Echaburu.
Se prevé una comparecencia larga. Alberdi no sólo responderá al fiscal, Josu Izaguirre, sino también a los abogados de todos y cada uno de los 26 imputados, que en buena medida han tratado de descalificar las pruebas que aportó en un primer momento, incluidas las grabaciones que muestran que el pago de comisiones era algo “dentro de lo normal”. Junto a Alberdi, están citados su padre -quien también fue presionada para que la empresaria pasara por caja, y su socia Beatriz Vicinay, que igualmente ratifica su versión de los hechos.
Por lo demás, los abogados defensores Ibon Gaínza y Eneko Goenaga han protagonizado la sesión de este jueves del juicio del 'caso De Miguel', que en una primera fase escucha a 38 agentes de la Ertzaintza que colaboraron en la investigación bajo las órdenes del juez Roberto Ramos. El interrogatorio que más se ha alargado ha sido el del policía 5030, experto en delitos informáticos y que se encargó del clonado del abundante material informático (ordenadores, discos duros, teléfonos, memorias, etc.) incautado al que fuera 'número dos' del PNV de Álava y al resto de los imputados. La comparecencia ha servido para poner de manifiesto, según la denuncia de Gaínza y Goenaga, que un ordenador portátil de la marca Acer fue entregado al juzgado sin las debidas garantías para su posterior incorporación como prueba incriminatoria.
Se trata de la prueba 090067, un ordenador de la marca Acer propiedad de la hermana del principal acusado, Aintzane de Miguel, que se sienta en el banquillo de los acusados y se expone a 13 años de prisión por ejercer de contable de la trama de sociedades mercantiles encabezadas por Kataia Consulting y que, según la acusación que ejerce la Fiscalía, ejercieron de “pantalla” para recaudar comisiones tras la adjudicación de contratos en Administraciones públicas. Aintzane de Miguel, después del arresto de su hermano, compareció en el juzgado como testigo y aportó “voluntariamente” información tanto en soporte papel como en soporte digital. Su letrado, Gaínza, ya había tratado de anular estas pruebas -con datos relevantes sobre las empresas investigadas- por el hecho de que los testigos tienen obligación de colaborar y de decir la verdad a diferencia de los imputados, la actual condición de la contable en el juicio.
Ahora, la defensa de la hermana de De Miguel quiere incidir en la posible negligencia de la Ertzaintza en la cadena de custodia de parte de ese material, en concreto del ordenador. Antes de 5030, ha comparecido el ertzaina 12156. Este funcionario fue quien se trasladó a Bilbao a recoger la computadora de la contable para su traslado al juzgado. Ha indicado que el viaje se hizo “en vehículo policial” y que acto seguido lo que se hizo fue “reseñar” que se aportaba “un ordenador con su fuente de alimentación”.
Después, el aparato pasó a manos de 5030, el especialista informático que fue comisionado para clonar todo el material informático incautado con el ánimo de incorporarlo como prueba a la causa. En su acta, 5030 hizo constar que la bolsa en la que se guardó el portátil fue sellada “con cinta adhesiva”. También que no aparece ni firma ni sello en la bolsa. Ambas circunstancias, según ha explicado, no son las habituales para preservar una prueba, ya que se persigue garantizar en todo momento que ésta no pueda ser manipulada. No obstante, ha puesto de manifiesto el elevado volumen de material incautado en esa operación y ha destacado el cuidado con el que se realizó la extracción de toda la documentación útil contenida en esos aparatos