Alonso y Maroto pagarán la fianza, pero insisten en el “interés público” del alquiler millonario
Alfonso Alonso y Javier Maroto insisten en que el contrato de los locales de la calle San Antonio de Vitoria se firmó de acuerdo “al interés general de los ciudadanos”. Aún así han decidido no recurrir la fianza de casi medio millón de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas que considera que el Gobierno municipal de Vitoria, dirigido entonces por Alonso, es responsable de un presunto “perjuicio” a las arcas públicas.
Maroto mantiene que la operación, que supuso un coste de 7,6 millones de euros para el Ayuntamiento y con una cláusula penal incorporada para que en caso de rescisión se abonen otros 6 millones de euros, se firmó “de acuerdo a derecho y al interés general”. El alcalde de Vitoria ha precisado que cada concejal pagará en los próximos días y de su bolsillo la fianza de 55.135 euros que les corresponde. “Espero que este asunto quede claro antes del 24 de mayo”, ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlamento vasco.
En este mismo sentido se ha expresado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, antes de comparecer en la Comisión de Sanidad del Senado. Alonso ha afirmado que no le preocupa la fianza y ha pedido que “se aclare de una vez” este asunto para que se “acredite el interés público” de aquella decisión, algo que ha considerado “clarísimo”.
Maroto se ha referido al informe técnico de funcionarios del Consistorio -que consideraba que el precio del alquiler debía ser inferior- al que alude el órgano fiscalizador para fundamentar su decisión, y ha insistido en que este documento “es preceptivo y no vinculante”.
Los periodistas han preguntado dos veces si tras el informe que considera que la actuación municipal ha supuesto un perjuicio para las actas públicas, se arrepiente de haber cerrado esta operación, a lo que ha respondido que “no se trata de una cuestión de este tipo”.
Asimismo, ha eludido responder a la pregunta de si se mantendrá en el cargo si se confirma la resolución del Tribunal de Cuentas y ha recordado que tras ocho años hablando de este asunto en el Ayuntamiento de Vitoria, ningún partido lo ha llevado ante un tribunal de justicia.
Además de Alonso y de Maroto deberán hacer frente a la fianza de 496.223 euros los otros siete concejales populares de la legislatura 2003-2007, la edil del PSE-EE Marian Gutiérrez, que fue responsable de Hacienda entre 2007 y 2011 y el actual titular de esta cartera, Manu Uriarte (PP). El pago de la fianza deberá ser “inmediato”, dentro de un plazo de 10 días.
