“Actualmente, estar enfermo posibilita ser despedido”
Ángel Elías, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, es el encargado de presidir e inaugurar el I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social, que servirá para tratar un tema candente: las crisis empresariales y los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores. Magistrados, sindicalistas y economistas intercambian ideas, denuncias y alternativas sobre estas cuestiones. Elías considera que las modificaciones establecidas en la Reforma Laboral vulneran derechos básicos de los trabajadores y asegura, pro ejemplo, que aunque “teóricamente no, en la práctica, el hecho de estar enfermo posibilita el despido”.
Estas jornadas de Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social reúnen por primera vez al sector entorno a estos temas conflictivos. ¿La convocatoria responde a una reclamación del sector, era ya una necesidad imperiosa para ustedes desarrollar este intercambio de conocimientos, y opiniones?
Hemos cumplido 25 años en la Universidad y uno de los elementos centrales que tenemos como misión es favorecer todo el ámbito de una mayor justicia social y en este caso, concretado en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. Hace tres años en el verano del 2012, tras varias medidas de retroceso por parte del Gobierno español, aprobamos un lema, “Por el reparto justo de la riqueza”, que implica en el ámbito laboral, apostar por otro tipo de políticas, que en vez de alargar las desigualdades, favorezcan la relación y la igualdad de todas las personas. Estamos en un momento importante de petición de la sociedad de cambios y en el ámbito más estrictamente jurídico profesional, en los últimos meses se han ido produciendo unas cuantas decisiones judiciales de interés que en muchos casos han servido de freno a parte de las consecuencias que implican estas medidas del Gobierno. Creímos oportuno favorecer este encuentro de utilidad para quienes trabajan día a día en los tribunales.
Los profesionales que asesoran a trabajadores y trabajadoras para la defensa y consecución de derechos estarán desbordados. Se han disparado los recursos y sufrirán un desgaste importante ¿es así?
Efectivamente. Consecuencia de estos cambios normativos, las decisiones judiciales son novedosas, la anterior jurisprudencia no sirve. Esto por una parte es un elemento de necesidad de formación continua y de hacer frente con mayor ingenio y mayor capacidad profesional a las nuevas exigencias y por otra parte, es verdad que asistimos a muchísimas empresas que se han visto obligadas a tener que presentar solicitudes de EREs y en consecuencia asistimos a muchísimas personas trabajadoras que se han encontrado en situación de suspensión o exención de sus contratos. Junto a esto , las personas que se han incorporado al empleo, en una inmensa mayoría de casos, lo han hecho en situaciones discriminatorias en relación a los empleos que antes había, en condiciones económicamente mucho más desventajosas e incluso cuando finalmente se consigue un contrato indefinido, la flexibilidad hace que no sea una garantía efectiva. En cualquier momento pueden dar por terminado el trabajo. La coyuntura es preocupante y más que nunca, nuestra obligación como centro universitario público es apoyar a quienes en el día a día intentan favorecer los intereses de las personas que trabajan o quieren trabajar.
'Minijobs' y 'minisalarios' son una constante entre la escasa oferta de empleo. Son las mujeres quienes lo sufren especialmente, ¿por qué?
La realidad del mercado laboral nos dice que bien porque la mayoría de empleos femeninos están a nivel económico y condiciones de trabajo en situación de inferioridad respecto a los llamados masculinos- que son más del ámbito de la industria y cuando se trata de conciliar vida personal y ocupaciones familiares de cuidados y demás , estamos en una cultura en que mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que realicen ese tipo de trabajos. Con independencia de algunas políticas de incentivar contratos parciales para hombres, los datos estadísticos manifiestan que la mayoría de esos empleos precarios siguen siendo para mujeres. Y ellas no eligen voluntariamente trabajar menos tiempo, el mercado lo único que le ofrece son contratos parciales forzados.
Menos negociación colectiva y peores convenios. ¿Acabaremos quedando millones de trabajadores sin convenio y regulados exclusivamente por los mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores?
Quiero pensar que no. La tendencia de la patronal es ir hacia unos niveles de flexibilización al máximo, quitar la mayor capacidad de defensa y representación posible por parte de los trabajadores. Pero creo que la historia nos demuestra que cuando la cosas se fuerzan hasta tales extremos, las reacciones que se consiguen son justo las opuestas. En el ámbito más académico apreciamos como esta situación como una gran oportunidad de avanzar en una línea que cuestione el actual marco del mercado laboral y el actual empleo. Y apostamos por, en vez de hablar de empleos, hablar de trabajos, aquellos voluntarios y los que cada uno desarrolla en su ámbito familiar, de los cuidados, por ejemplo. Este nuevo concepto hemos de ligarlo a una renta básica de ciudadanía. Hemos conseguido en el ámbito sanitario y educativo unos servicios públicos y gratuitos, hemos de conseguir ahora un mínimo suficiente para llevar una vida digna a través de esa renta básica. Derivaría en que el empleo como lo entendemos hoy desaparecería, se eliminaría esa obligada dependencia del mercado, que no es neutro sino claramente es reflejo de los intereses que tiene el poder económico en nuestra sociedades y permitiría a todas las personas vivir con mucha más dignidad y sin esta zozobra de la posible pérdida del empleo o el padecimiento de unas condiciones muy precarias. En los últimos años se ha avanzado mucho, hay sindicatos que abogan por ello y creemos que es un elemento importante en línea con ese reparto justo de la riqueza.
Pero los partidos políticos con importante representación rechazan esa medida. La consideran además de utópica, inviable.
Los datos empíricos demuestran que no es así. Quizás a nivel político no hay una mayoría de fuerzas que están por ello, pero desde una perspectiva técnica se han hecho muestreos amplísimos tanto a nivel del territorio de Gipuzkoa como de Cataluña, con millones de declaraciones de renta. Eso sí, exige que la actual desigualdad existente, provocada porque una parte de la población concentra una mayoría de recursos, cambie. El sistema impositivo debe variar radicalmente. Entre las rentas mayores, entre un 20-30% de la población tendría que pagar muchísimo más pero en compensación el 70-80% de la población ganaría. Más allá de lectura interesadas los datos demuestran que técnica y empíricamente no estamos hablando de ninguna utopía, de ningún dislate cuando proponemos esa renta básica. Por otra parte, esas posturas que desde el convencionalismo afirman que esa renta supondría premiar al vago, caen por su propio peso. Las personas no deseamos hacer trabajos casi forzados u obligados. Tenemos que optar por aquellos a los que encontramos sentido y que te permite como persona y sociedad avanzar. Muchas personas emprendedoras que asumen muchísimos riesgos y esfuerzos poniendo en marcha pequeños negocios, si tuviesen la cobertura de una renta básica de en torno a unos 8.000 euros al año, significaría una alivio importante a la hora de trabajar en aquello que más les realiza y más aporta.
La modificación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, es una vulneración en toda regla, a juicio de los sindicatos, del derecho a la salud de los trabajadores ¿Se puede afirmar que estar enfermo supone caer en riesgo de ser despedido?
Teóricamente no pero en la práctica no solo ese artículo, el conjunto de las medidas de la reforma laboral lo posibilitan. En las jornadas vamos a tener a alguna de las personas que desde la magistratura se han significado más desde una perspectiva progresiva y nos pueden plantear en qué medida el actual marco jurídico y las posibilidades de su aplicación evitan ese fenómeno. La magistrada y presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun; Rafael A. López Parada, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; y Miquel Àngel Falguera Baró, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son personas que han significado en importantes resoluciones judiciales. Los dos primeros han intervenido recientemente en los conflictos laborales de Celsa Atlantic (ex Laminaciones Arregui) y de Coca-Cola, declarando la nulidad de los despidos colectivos en esas empresas. En ambos casos, la nulidad de los dos EREs ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, lo que ha supuesto la readmisión de más de un millar de trabajadoras y trabajadores.
Precisamente Miquel Àngel Falguera Baró ha advertido en diversos análisis que la crisis actual puede convertirse en el “caldo de cultivo previo del neoliberalismo sin límites”. ¿Comparte el diagnóstico?
Podría serlo. Depende de cual sea la capacidad que tengamos para aprovechar para cambiar radicalmente o dejarnos llevar por esta ola. Estamos en una cultura que busca más individualismo y que tengamos actitudes apáticas ente los cambios estructurales que se van produciendo. Desde ámbitos como el nuestro, el universitario, tenemos una gran responsabilidad en favorecer elementos de reflexión y de solidaridad. Tenemos capacidad para hacer frente a estos intentos. Quienes vivimos la época final del franquismo recordamos como entonces se hablaba de que las dictaduras no solamente requieren dictadores, sino personas que con su pasividad por no decir complicidad, se lo permitan. Esto es aplicable, salvando las distancias, a la actual situación.
