Anulada la rescisión del contrato de la incineradora aprobada por Bildu
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la asamblea general del Consorcio de residuos de Gipuzkoa y GHK en 2013 --cuando Bildu gobernaba en la Diputación-- de rescindir el contrato con la UTE formada por FCCSA, SBSL, AYUSA, CMSA e HZIAG para la construcción y explotación de la incineradora de Zubieta, lo que conllevó una indemnización de más de ocho millones con cargo a las arcas forales.
El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio y el director foral de Medio Ambiente, Félix Asensio, han dado cuenta de esta decisión judicial, que ya están analizando los servicios jurídicos forales. El diputado ha anunciado que el Gobierno foral exigirá “todas las responsabilidades” a Bildu, a cargo del Ejecutivo foral en 2013, porque las consecuencias “económicas, medio ambientales” y de “falta” de infraestructuras para la gestión de residuos en Gipuzkoa “no pueden salir gratis” a los entonces gestores de la institución foral.
Asensio ha explicado que en la sentencia se estima el recurso interpuesto por las Mancomunidades de Debabarrena y San Marcos y los asambleístas Arcadio Benítez, Ricardo Gárate, Ioseba Arrizabalaga, Denis Itxaso, actual diputado foral, e Igor Iturain contra los acuerdos adoptados para la rescisión de contrato, los cuales el juez declara “no ajustados a derecho”, por lo que los anula “dejándolos sin efecto”.
El diputado foral ha explicado que la argumentación jurídica de la resolución se fundamenta en “la existencia de una evidente desviación de poder y ausencia de competencia en las decisiones adoptadas, al no resultar controvertido que la Norma foral 7/2008, que aprueba el modelo de gestión de residuos, contempla como infraestructura la existencia de una planta de valorización energética”.
Además, según el fallo judicial el Consorcio y GHK SAU deben “hacer efectivo el modelo recogido en la citada Norma foral, sin que exista una modificación de ese régimen normativo”, que “ha pretendido ser vaciado de contenido de forma indirecta mediante una instrumentalización del Consorcio por parte de GHK”.
Asensio ha recordado que la rescisión del contrato de la primera adjudicación de la incineradora provocó que la Diputación, entonces gobernada por Bildu, tuviera que abonar una indemnización de más de ocho millones de euros a los anteriores adjudicatarios, además de otros tres millones correspondientes a trabajos preparatorios.
En el procedimiento comparecieron como demandados el Consorcio de Residuos y GHK y como interesados, entre otros, las mancomunidades de Tolosa, Uroka Erdia, Urola Kosta y Sasieta, el exdiputado foral de Medio Ambiente Iñaki Errazkin, o la expresidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta.
Pérdidas de más de 40 millones
El proceso supuso perder la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la ejecución de esta obra y se han afrontado “otros costes derivados de ello que en total han supuesto unas pérdidas acumuladas para GHK de más de 40 millones de euros”.
El diputado foral ha destacado que la decisión ahora anulada “perjudicó a toda Gipuzkoa”, ya que supuso “pérdidas económicas, el deterioro de nuestra credibilidad ante las instituciones europeas y la actual carencia de la más mínima infraestructura para la gestión de residuos”, con las consiguientes “consecuencias medioambientales” y, además, “todo se hizo a sabiendas y anteponiendo las estrategias políticas de aquel gobierno al interés de los guipuzcoanos”.
En este sentido, Asensio ha incidido en que los entonces responsables forales de Bildu “vulneraron la legalidad y quisieron pasar por encima de la voluntad de los guipuzcoanos, ignorando lo acordado por la mayoría de las Juntas Generales de Gipuzkoa”, que aprobó el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos del territorio histórico (PIGRUG).
“No puede salir gratis”
Preguntado por los efectos prácticos que puede tener esta sentencia, Asensio ha apuntado que los servicios jurídicos de la Diputación lo están analizando, al tiempo que ha anunciado que exigirán “las responsabilidades” que, a su juicio, tienen que asumir quienes adoptaron la decisión ahora anulada, que “vulneraba la legalidad” y que “se saltaba el PIGRUG”, con unas “consecuencias económicas nefastas” y provocando la “calamitosa situación que tenemos hoy en día en Gipuzkoa”, algo que “no puede salirles gratis”.
“Cuando se toman decisiones desde las instituciones públicas hay que asumir responsabilidades”, ha incidido, para, a continuación, destacar que en este caso las hay “económicas, medio ambientales y de carencia de infraestructuras” que están llevando a una situación “caótica” a Gipuzkoa. En este sentido, ha apuntado que no descartan recurrir a vías judiciales para exigir esas responsabilidades.
A preguntas de los periodistas sobre si este fallo judicial puede afectar a la nueva adjudicación de la incineradora de Zubieta, el diputado foral ha aclarado que ésta está “perfectamente estudiada”, y así desde la Diputación ya tenían contemplado que “podía suceder una situación de este tipo”, por lo que “sigue hacia adelante”.
