Ayuntamiento de Vitoria iniciará acciones judiciales para esclarecer los hechos del 3 de marzo y sus responsabilidades

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha anunciado que iniciará acciones judiciales en los tribunales para esclarecer los hechos del 3 de marzo de 1976, cuando la Policía mató a cinco trabajadores e hirió gravemente a otras muchas, y depurar responsabilidades. Además, exige al Gobierno central que otorgue a las víctimas el mismo “reconocimiento y reparación” que a las víctimas del terrorismo.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Podemos e Irabazi, y con el apoyo parcial de los populares, que no ha respaldado, por ejemplo, que se acuda a los tribunales.

En concreto, el texto se refiere a los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en Vitoria, entre ellos los del 3 de marzo de 1976.

El acuerdo destaca que el golpe militar del 18 de julio de 1936 dio origen a una dictadura “que, de forma sistemática, vulneró los más elementales derechos humanos de centenares de miles de personas durante más de cuarenta años”.

En este sentido, recuerda que hubo “desaparecidos, fusilados, niños robados, víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios, presos, torturados, exiliados perseguidos, represaliados y un inacabable etcétera”.

En ese contexto, subraya que se produjo la masacre del 3 de marzo de 1976 protagonizada por la Policía Armada española. “Dichos hechos conmocionaron a la ciudad de Vitoria y aún hoy, 40 años después y a pesar de la constante determinación en la petición por parte de la Asociación Víctimas 3 de Marzo, siguen sin haberse reconocido a las personas asesinadas como víctimas de violencia y sin haber sido sujetos de reconocimiento y reparación del daño causado”, añade.

Por ello, destaca que el Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda” de la UPV-EHU elaboró un “Dictamen histórico sobre los acontecimientos producidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria”.

El informe señala que las muertes de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda “tienen que ver con la falta de libertades esenciales en la España de la época, con una inadecuada dotación de las fuerzas antidisturbios, con instrucciones que en nada estimaban los derechos humanos, con el uso irresponsable y quizá criminal de armamento de guerra frente a un problema de orden público”.

También atribuye lo ocurrido a “las órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones” que llevaron a la muerte de cinco trabajadores y numerosos heridos.

RESPONSABILIDADES PENALES

El pleno del Ayuntamiento cree que “existen responsabilidades penales claras, según lo ya establecido por los tribunales militares”, y que las decisiones “que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas, sin poder determinar responsabilidad personales, por funcionarios del Reino de España”.

“Cuarenta años después, desde la convicción de que restaurar la convivencia exige clarificación de los hechos, que el tiempo pasado es ya excesivo y que esta institución debe implicarse en el esclarecimiento de los mismos”, apunta.

En este sentido, expresa su solidaridad a las víctimas del 3 de marzo de 1976 y a sus familiares en el 40 aniversario de la masacre y condena que la Policía matara “a cinco personas e hiriera gravemente a muchas otras”.

Además, el Consistorio “constata la inacción de la Administración de Justicia y le demanda que asuma la normativa internacional sobre derechos humanos y, en consecuencia, proceda a investigar aquellos terribles hechos, de modo que se establezcan las responsabilidades penales que puedan derivarse”.

También proclama “que debe otorgarse reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas por agentes del poder público, en igualdad respecto de otras víctimas y sin ningún tipo de discriminación o escalonamiento”.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento “exige al Gobierno español que otorgue a las víctimas del 3 de marzo de 1976 el reconocimiento y la reparación que les corresponde equiparándolas a las víctimas de terrorismo, e insta al Gobierno Vasco a que, de conformidad con sus facultades y competencias, continúe materializando el derecho de estas víctimas en los términos planteados en los puntos anteriores”.

El Consistorio se personará, asimismo, como acusación en el procedimiento seguido en la jurisdicción argentina sobre víctimas del franquismo. También iniciará “acciones judiciales en los tribunales del Estado español en orden a esclarecer los hechos y a exigir las responsabilidades penales y de cualquier otro tipo que correspondan derivadas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, incluida la masacre del 3 de marzo de 1976”.

A las acciones judiciales, incorporará el estudio de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista “que afectaron a vecinos de este municipio que elabore el Grupo de trabajo de Memoria Histórica constituido en este Ayuntamiento”. El acuerdo alcanzado en el pleno se notificará al Gobierno español y al Gobierno vasco.