El Ayuntamiento reprueba a Maroto por su gestión en el alquiler de una lonja
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha reprobado al alcalde, Javier Maroto, por “mentir y actuar en contra del interés general” en el alquiler de una lonja en la céntrica calle de San Antonio. Se trata de la segunda reprobación a un miembro del equipo de Gobierno municipal, tras la de la concejala Marian Castellanos y la primera de la historia del consistorio contra un alcalde.
PNV, PSE y EH Bildu, que cuentan con la mayoría en el Ayuntamiento, censuran al regidor emdiante una moción presentada al pleno por pagar por un alquiler de un local casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El dueño del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi seis millones de euros.
Los dudas sobre los términos del contrato y lo gravoso que resulta para Vitoria provocaron la apertura de una investigación que ha desarrollado una comisión municipal a lo largo de seis meses. Durante sus trabajos se ha evidenciado la “mala gestión” del alcalde, que respaldó ese contrato con un precio de alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, una cláusula de blindaje por 20 años inédita hasta el momento y la regulación de las revisiones del IPC.
Las intervenciones y la actitud mantenida por el alcalde Javier Maroto durante sus comparecencias en la comisión de investigación demuestran a juicio del PP, PSE y PP que ha mentido reiteradamente y ha actuado en contra del interés general de la ciudad a la hora de negociar, firmar y renegociar “el peor contrato de la historia de la ciudad”. Entre las falsedades de las que acusan al regidor apuntan las siguientes: afirmó que a los 20 años el local pasaría a formar parte del patrimonio municipal, algo que no se contempla; justificó una necesidad y urgencia de ese inmueble para ubicar allí la Oficina de Turismo para negarlo después; negó la posibilidad de renegociar las claúsulas del contrato y posteriormente, una vez anunciada la apertura de la investigación sí lo hizo.
El PNV trasladará el caso al Tribunal de Cuentas para que depure responsabilidades contables y EH Bildu entregará la documentación obtenida tras la comisión de investigación municipal a Fiscalía.
