Bermeo perdonó el pago de casi 200.000 euros al constructor investigado por tráfico de influencias
El Ayuntamiento de Bermeo perdonó el pago de casi 200.000 euros en aprovechamientos urbanísticos a un constructor investigado por tráfico de influencias en este municipio vizcaíno. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ha fiscalizado la actividad de este consistorio de 2013, ha concluido que no existe “amparo legal” para el acuerdo del consistorio de excluir “dichos derechos edificatorios”.
Como ya ha informado eldiarionorte.es, un juzgado de Gernika investiga desde 2013 la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con el informe técnico contrario, una opinión que no fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento de Bermeo. Están imputados de un delito de tráfico de influencias el exalcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y el constructor Tomás Tardío. La Audiencia de Bizkaia ha avalado esta investigación tras la petición de archivo de los dos implicados y la jueza se ha encontrado con obstáculos en sus indagaciones.
La demanda presentada por un vecino sostiene que el Ayuntamiento cambió un terreno en el barrio bermeano de San Miguel de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. Se implica también a un constructor que promovió las viviendas “con quien tiene relaciones de amistad” el ex alcalde y que Goienetxea hizo “notas manuscritas e indicaciones que se elevaron a definitivos” en el Plan General de Urbanístico que avaló el cambio. El Ayuntamiento, gobernado por Bildu, defiende esta operación. Esta investigación motivó en octubre pasado la renuncia de Goienetxea (quien fue alcalde de Bermeo durante 16 años) a su cargo de concejal de Urbanismo que ocupaba en el Ayuntamiento de Bermeo, aunque proclamó su inocencia.
El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.
La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Hasta que en 2012 logró la modificación urbanística.
“Sin amparo legal”
En esta operación urbanística en el barrio de San Miguel, el constructor se benefició de más derechos edificatorios que los correspondientes al solar. En concreto, los de la clausurada fábrica de conservas Ormaza, a la que se dio una permuta con viviendas a cambio de dejar la ubicación de la planta y abrir una nueva factoría. La fábrica se cerró en su emplazamiento pero no se construyó la nueva. Pese a ello, el ayuntamiento no suprimió los derechos de las viviendas, que fueron trasladados a la operación urbanística investigada ahora por la Justicia.
El Tribunal de Cuentas, en su informe, señala que esta cesión queda “sin amparo legal” al haberse anulado la recalificación urbanística en el barrio de San Miguel, por lo que debería pagar el 15% de los aprovechamientos urbanísticos. El constructor, según aparece en el informe del Tribunal de Cuentas, ha pagado 198.000 euros al ayuntamiento por 3.289 metros cuadrados construibles de vivienda libre urbanístico pero el consistorio le ha perdonado el pago de otros 2.806 metros cuadrados construibles de la permuta de la fábrica Ormaza. O sea, casi otros 200.000 euros. Esta exención del pago aparece en el acta de gobierno de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Bermeo, del 29 de octubre de 2012.
El argumento del consistorio, que también aparece en las alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, es que el suelo de la fábrica de Ormaza era ya consolidado y no obliga al pago al ayuntamiento de ese tasa del 15% de aprovechamiento urbanístico, un argumento rechazada por el órgano fiscalizador.
