Un técnico dice que Bermeo no exigió la cesión de suelo al constructor investigado por tráfico de influencias
El Ayuntamiento de Bermeo no solo perdonó el pago de casi 200.000 euros en aprovechamientos urbanísticos a un constructor investigado por tráfico de influencias en este municipio vizcaíno.También le eximió de ceder terrenos para uso público, como obliga la ley. Un técnico de la consultora urbanística que hizo un informe contrario sobre la reclasificación de los terrenos del constructor ha declarado al juzgado de Gernika que investiga el caso que se computó como cesiones un suelo de una plaza pública, es decir que era ya de propiedad municipal.
Como ya ha informado eldiarionorte.es, un juzgado de Gernika investiga desde 2013 la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con el informe técnico contrario, una opinión que no fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento de Bermeo. Están imputados de un delito de tráfico de influencias el exalcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y el constructor Tomás Tardío. La Audiencia de Bizkaia ha avalado esta investigación tras la petición de archivo de los dos implicados y la jueza se ha encontrado con obstáculos en sus indagaciones.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ha fiscalizado la actividad de este consistorio de 2013, ha concluido que el consistorio perdonó al constructor el pago de casi 200.000 euros en aprovechamientos urbanísticos al constructor al no existir un amparo legal“ para el acuerdo del consistorio de excluir ”dichos derechos edificatorios“.
A este privilegio se ha unido otro más, según la declaración en el juzgado realizada por el técnico de la consultora Estudio K el pasado 21 de septiembre. En ella, se refiere a los 1.900 metros cuadrados que tenía que ceder el constructor para dotaciones (en cualquier promoción de pisos es obligatorio ceder suelo al municipio) y en los que se incluyen 1.400 metros cuadrados de una plaza pública, un documento que asegura “cree no lo discutieron con los técnicos del ayuntamiento” y es “posterior a la aprobación definitiva” del proyecto urbanístico.
Ante esta declaración, la acusación del caso ha pedido al juzgado información sobre la inclusión de esta plaza como cesión de terrenos y un informe pericial sobre el “perjuicio económico sufrido para las arcas públicas”.
Demanda de un vecino
Este caso surgió por la demanda de un vecino, que ha acusado al Ayuntamiento de cambiar un terreno en el barrio bermeano de San Miguel de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. Se implica también a un constructor que promovió las viviendas “con quien tiene relaciones de amistad” el ex alcalde y que Goienetxea hizo “notas manuscritas e indicaciones que se elevaron a definitivos” en el Plan General de Urbanístico que avaló el cambio. El Ayuntamiento, gobernado por Bildu, defiende esta operación. Esta investigación motivó en octubre pasado la renuncia de Goienetxea (quien fue alcalde de Bermeo durante 16 años) a su cargo de concejal de Urbanismo que ocupaba en el Ayuntamiento de Bermeo, aunque proclamó su inocencia.
El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.
La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Hasta que en 2012 logró la modificación urbanística.
En esta operación urbanística en el barrio de San Miguel, el constructor se benefició de más derechos edificatorios que los correspondientes al solar. En concreto, los de la clausurada fábrica de conservas Ormaza, a la que se dio una permuta con viviendas a cambio de dejar la ubicación de la planta y abrir una nueva factoría. La fábrica se cerró en su emplazamiento pero no se construyó la nueva. Pese a ello, el ayuntamiento no suprimió los derechos de las viviendas, que fueron trasladados a la operación urbanística investigada ahora por la Justicia.
