Bildu ningunea al fiscal Calparsoro en el caso de la incineradora de Gipuzkoa
La política de Bildu sobre la gestión de las basuras en Gipuzkoa han enfrentado durante esta legislatura a la coalición abertzale con toda la oposición, que ha denunciado prácticamente al unísono todas las decisiones tomadas en relación con el tratamiento de los residuos urbanos y la decisión de no construir la incineradora. Pero junto al coste económico que esa decisión ha tenido para las arcas públicas -a día de hoy, los guipuzcoanos pagan mensualmente a los bancos unos 600.000 euros mensuales por los créditos de una incineradora aprobada en la pasada legislatura y que Bildu ha desechado-, el choque se ha producido ahora con la Fiscalía vasca.
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, requirió el pasado 27 de marzo a la presidenta de Juntas Generales, Lohitzune Txarola, de Bildu, el dictamen de la comisión del parlamento provincial en el que se denunciaba la política en esta materia de la coalición soberanista. Se da la circunstancia, además, de la que Comisión Europea investiga las actuaciones en esta materia de Bildu al frente de la Diputación de Gipuzkoa, dado que en ningún momento han pasado por las Juntas guipuzcoanas para derogar el plan aprobado la pasada legislatura, que incluía la construccion de la incineradora de Zubieta, ahora desechada por el nuevo equipo gestor en la Diputación y en el Consorcio de Residuos (GHK).
Pero la presidenta no ha remitido aun el dictamen y lo único que ha enviado es un “acuse de recibo de la petición”, según han confirmado a eldiarionorte.es fuentes de la Fiscalía Superior del País Vasco, algo inédito en las relaciones institucionales en Euskadi, sobre todo cuando el informe es público dado que se aprobó en la sesion del pasado 27 de febrero. Este periódico ha intentado conocer las razones de esta decisión de la Presidencia de Juntas, pero nadie ha contestado a los múltiples requerimientos realizados con tal fin. El acuse de recibo ha llegado a la Fiscalía el 15 de abril.
En realidad, el problema es aun más grave. Las Juntas Generales de ese territorio aprobaron el 27 de enero el citado dictamen demoledor contra la política de residuos sólidos urbanos y se mandataba la remision del mismo a la Fiscalía para que ésta determinara si la Diputación y el Consorcio de Residuos habían incurrido en responsabilidades penales en la gestión de las basuras en Gipuzkoa. La 'insumisión' de la presidenta es por tanto doble dado que ni ha cumplido el mandato de las Juntas -aprobado por toda la oposición-, ni ha satisfecho la petición realizada por Juan Calparsoro.
El enfado en la Fiscalía es “considerable”, según fuentes del Ministerior Público vasco, y pocos son los que no sospechan que esta actitud de la presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa busca ralentizar una posible demanda de la Fiscalía y evitar así que este caso estalle en plena campaña electoral a las forales. Al abrir la primera investigación el pasado año, el fiscal valoró, entre otras cosas, el “coste económico para las arcas públicas pues deben pagarse las indemnizaciones a las empresas contratadas”, en alusión a las empresas adjudicatarias para construir la incineradora -rescisión de contratos que ya supuso el pago de más de 8 millones de euros de dinero público-.
El fiscal, irritado
Calparsoro, en su decreto de archivo del 17 de enero de 2014, ya apuntó que pese a la decisión de no construir las incineradora “deben pagarse los intereses de los préstamos y créditos obtenidos de las entidades financieras”, algo que irrita especialmente al fiscal superior.
El informe requerido por la Fiscalía y aprobado por la oposición es demoledor. La Cámara foral aprobó un informe de conclusiones, con los votos a favor de la oposición (PNV, PSE y PP) y en contra de Bildu y Aralar, que apuntaba el “gravísimo quebranto económico” y la “enorme incertidumbre medioambiental” generada tras la decisión del Gobierno foral y el consorcio, ambos en manos de la coalición soberanista, de “incumplir” el plan de residuos vigente y paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta.
Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decidió a mediados de enero pasado reabrir la investigación que él mismo inicio de oficio el 18 de julio de 2013 en relación con las implicaciones de la nueva política sobre los residuos de las autoridades de Bildu en Gipuzkoa y sus implicaciones para el erario público. La decisión de un juzgado de rechazar la demanda contra los bancos con los que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) cerró la financiación para construir las incinerado en Zubieta -infraestructura desechada por Bildu al llegar al Gobierno- ha sido el motivo principal de que Calparsoro haya decidido poner la lupa de nuevo sobre este caso. La UE, además, mantiene abierta una investigación sobre la política de residuos de Bildu en Gipuzkoa.
Se da la circunstancia de que el presidente de la Mancomunidad de San Marcos, el socialista Denis Itxaso, tras conocer la misma sentencia remitió una carta a Calparsoro en la que le pedía el 15 de enero “la reapertura de las diligencias previas relativas a la gestión de residuos sólidos urbanos” de la Diputación y del consorcio “con el objeto de poder esclarecer posibles responsabilidades civiles y/o penales por parte de los administradores a los que pudiera haber lugar”. Esta petición sí llego a la mesa del fiscal superior, el dictamen aprobado en juntas en la comisión de estudio aun está pendiente de ser remitido por las Juntas Generales.
