La abogada de los padres de Cabacas pide a la juez que impute al jefe del operativo
La imputación de cuatro ertzainas por la muerte del joven hincha del Athletic Íñigo Cabacas, Pitu, ha sido considerada por la familia de la víctima como un “paso que se queda corto” porque el auto de la juez que instruye la causa no ha incluido al jefe del operativo que dio la orden de cargar en el callejón el 5 de abril. En su auto, por el que se imputa a tres ertzainas que admitieron haber disparado pelotas de goma es noche y al suboficial de la furgoneta al que pertenecían esos agentes (denominados peloteros en el argot policial), la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao considera que la actuación de ese responsable policial que está en la base de la comisaría cooordinando todo el operativo policial no tiene relevancia penal.
Por contra, la abogada de la acusación particular en representación de los padres de Pitu, Jone Goirizelaia, cree que su actuacion “no es irrelevante penalmente”. Y ayer, en una rueda de prensa junto a los padres de Íñigo -Manu Cabacas y Josefina Liceranzu- argumentó: “Si no hay orden, no se entra. Si no se entra, no se dispara. Y si no se dispara no se mata”. La letrada ha presentado un recurso de reforma contra el citado auto y aspira a poder imputar tanto al Ugarteko como a otros agentes que también aparecen en la causa. “Es quien señala lo que hay que hacer y es quien dice que entren con todo lo que tenemos”, recordó ayer Goirizelaia.
En aquel operativo policial de la Ertzaintza, organizado para el partido europeo del 5 de abril de 2012 que enfrentó al club rojiblanco con el equipo alemán Schalke 04, el jefe de operaciones al que se refiere a letrada Goirizelaia (Ugarteko) ordenó a los ertzainas que estaba en la zona esperando órdenes: “Entren al callejón con todo lo que tenemos, entren en la herriko”. La conversación, reproducida el pasado mes de abril por el diario Gara-Naiz-info, formaba parte de una grabación abolutamente parcial de 11 minutos de duración de las conversaciones mantenidas esa noche entre los diferentes suboficiales o jefes que estaban sobre el terreno con el jefe operativo que estaba en la base.
“El que la hace, la paga”
En las conversaciones filtradas entonces se podía interpretar que el jefe operativo daba órdenes de cargar pese a que desde el lugar se le indicaba que la cosa “estaba controlada”: “Aquí la situación está controlada... ahora mismo no hay ningún altercado” o varios minutos antes otro ertzaina había referido: “Aquí no se ve ninguna pelea”. Sin embargo, fuentes policiales han confirmado a eldiarionorte.es que desde otros puntos se le estaba relatando al citado Ugarteko que los agentes habían sido recibidos con botellas y objetos nada más llegar. “Y que estaban tirando en otras partes, luego no es verdad que todas las zonas estuvieran controladas”, añaden las mismas fuentes. De hecho, las primeras patrullas son enviadas al lugar porque se habido producido una pelea y una persona estaba herida.
Los 19 meses pesan como una losa en el ánimo de los padres de Pitu, que aunque esperan respuestas de la Justicia, no entienden los ultimos movimientos procedentes del juzgado que instruye la causa que investiga la muerte de su hijo.
Los padres de Cabacas, presentes ayer en la rueda de prensa, coincidieron en denunciar el “abandono” que sienten por parte de las instituciones. Primero, las de signo socialista, cuando el PSE estaba en el Gobierno, y ahora las nacionalistas, incluida la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. “¿Si mi hijo hubiera matado al ertzaina, se hubiera seguido el mismo procedimiento? ¿Hubiera estado libre mi hijo? En una democracia se dice que el que la hace la paga, no entiendo como a esta gente se le sigue manteniendo en sus puestos de trabajo”, cargó Manu Cabacas, quien no se explica como es posible que el Ugarteko se haya quedado “fuera” de las imputaciones.
La consejera decidió en su día apartar de sus puestos de la comisaría de Bilbao a los agentes que intervinieron aquella noche en los hechos. El expediente sancionador abierto en su día en la etapa socialista está paralizado hasta que la causa penal se resuelva, tal y como marca la ley.
