El Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de víctimas de violencia policial
El pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado martes 23 de mayo admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central del PP contra la ley vasca de reconocimiento de las víctimas de violencia policial aprobada por el Parlamento autonómico el verano del pasado año, según ha comunicado este lunes. El acuerdo supone la suspensión cautelar automática sólo de una docena de disposiciones y no de toda la norma, si bien estos artículos representan el corazón de la iniciativa ya que imposibilita el reconocimiento de nuevas víctimas por parte de una comisión de valoración prevista en la ley y que el Estado interpreta que suplanta el papel de los tribunales de justicia.
La admisión a trámite supone la apertura de un plazo de “quince días” para que las partes implicadas, Gobierno y Parlamento vascos incluidos, puedan “personarse en el proceso y formular alegaciones”. A partir de ahí, la suspensión cautelar de los artículos se mantendrá vigente durante cinco meses prorrogables. No hay plazo concreto, sin embargo, para que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Una ley similar de Navarra lleva pendiente de sentencia varios meses.
El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, recurrió el conjunto de la normativa al entender que choca con 11 artículos de la Constitución y después de que los Gobiernos central y vasco no alcanzaran ningún acuerdo de interpretación durante los seis meses en que se mantuvo abierta la preceptiva comisión bilateral de negociación, una solución política prevista en la normativa procesal para evitar recursos de inconstitucional. El Estado sostiene que la ley persigue un objetivo “loable” al prever ayudas para las víctimas de las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999 (ya se reconoció a las anteriores a 1978) pero entiende que la comisión de valoración de víctimas promovida por Euskadi no puede arrogarse el papel de los tribunales y reconocer derechos sin que medie un procedimiento judicial garantista y que respete derechos de los victimarios como el honor y la presunción de inocencia.
Para el responsable de Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, este argumentario jurídico es simplemente una “excusa” para no reconocer a unas víctimas muy concretas. Defiende que la comisión administrativa tiene cabida en el derecho internacional y que es un mecanismo similar al que se emplea con los damnificados por el terrorismo de ETA. Asimismo, Fernández ya ha manifestado que es voluntad de Euskadi tratar de aplicar la parte no suspendida de la norma (pero sí recurrida) en la medida de lo posible.
