Gipuzkoa 'vende' como un ahorro un revolcón judicial que costará decenas de millones de dinero público

Varapalo contra los intereses de la ciudadanía guipuzcoana en el caso de la incineradora. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián ha desestimado la demanda que el Consorcio de Residuos (GHK) interpuso contra La Caixa, el Santander y Price WaterHouse Coopers Corporate Finance porque consideraba que estas entidades bancarias hacían un “uso abusivo” de los contratos de cobertura de tipo de interés ('swaps') de los créditos para financiar la incineradora, aprobados en la pasada legislatura.

GHK ha destacado que, pese a la sentencia favorable a los bancos, que implica que Gipuzkoa tendrá que seguir pagando unos 'swap' que siempre ha cosiderado “abusivos”, “aún así se ahorrará un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”. No está cifrado aun el costo de los mismos, pero el propio consorcio en algún momento ha llegado a estimarlo en unos 68 millones de euros. Los intereses mensuales por este concepto suman 600.000 euros, según estimaciones del consorcio.

El consorcio ha aprovechado el revolcón judicial para acusar a los anteriores gestores, cuando gobernaba el PNV en la Diputación de Gipuzkoa, de las consecuencias del varapalo judicial para el erario público. A su juicio, deja en evidencia “la mala gestión” de la anterior directiva del Consorcio, quienes “a las puertas de un cambio de Gobierno en las instituciones de Gipuzkoa, actuaron de forma precipitada e irresponsable con el dinero público, con el fin de imponer la incineradora a una sociedad que en innumerables ocasiones se había manifestado en contra”. De hecho, los nuevos responsables de Medio Ambiente de la Diputación guipuzcoana desde que entraron en el Palacio foral denunciaron las condiciones de aquel contrato con La Caixa y Banesto.

En el mismo momento de la firma, GHK tuvo que abonar 5,7 millones por una “comisión de apertura” ligada a los créditos. Y junto a ello suscribió un “contrato de cobertura de tipo de interés” con los bancos por el montante total de los préstamos, conocido en el argot bancario como swap, nada beneficioso para la parte contratante, en este caso el Consorcio de Residuos. El consorcio consideró las condiciones abusivas e inició en 2013 un pleito que ahora ha perdido.

250 millones de “ahorro”

El Consorcio de Residuos ha recordado que la planta incineradora tenía un presupuesto total de 500 millones de euros (costes de financiación incluidos) y, de haberse ejecutado el proyecto, además de las cuotas 'swap', “habría que hacer frente a la amortización de los créditos, lo que hubiese supuesto un verdadero cataclismo financiero, ya que para responder a semejante gasto, la tarifa que los municipios pagan por el tratamiento de sus residuos se vería seriamente incrementada, lo que sería inviable para la mayoría de ellos”.

Por otra parte, ha señalado que las nuevas infraestructuras proyectadas por la Diputación de Gipuzkoa y GHK suponen una “respuesta integral” al tratamiento de los residuos y cierran el ciclo de una manera “sostenible, medioambiental y económicamente, ya que el coste total de estas infraestructuras es exactamente la mitad que el de la planta incineradora, es decir, 250 millones de euros”. Lo que le hace insistir en que Gipuzkoa “se ahorrará 250 millones de euros por evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”. “Paralizar la planta incineradora fue una decisión acertada, tanto desde el punto de vista medioambiental como del económico”, ha insistido