El Ayuntamiento de Donostia clausura dos apartamentos turísticos ilegales del Arzobispado de Toledo

“Si para tus próximas vacaciones en San Sebastián estás buscando un apartamento acogedor con una situación inmejorable, entonces éste es perfecto para ti. Situado en un sexto piso de un edificio con ascensor, este alojamiento se encuentra en el mismo centro de la ciudad, a un paso de la Playa de La Concha y de la Parte Vieja”.

Éste es el anuncio de uno de los dos pisos propiedad del Arzobispado de Toledo que estaban en alquiler para turistas a través de una agencia y en distintas plataformas como Booking y con los que lograban rendimientos para financiar “misiones” en países como Perú y otros lugares de África.

El Ayuntamiento de la capital de Gipuzkoa (PNV y PSE-EE) ha ordenado recientemente su clausura al considerar irregular este alojamiento por encontrarse por encima de los primeros pisos del bloque, como dicta una ordenanza sobre hoteles y pensiones que será renovada la próxima semana en plena polémica sobre la masificación del turismo en San Sebastián y la proliferación de alojamientos ‘piratas’ en la ciudad, sobre todo en su Parte Vieja.

El entuerto se ha producido al conocerse que la casa, sin embargo, cumplió con su registro ante el Gobierno vasco siguiendo la nueva ley autonómica de 2016, como figura en todos sus anuncios.

Desde Toledo, portavoces del Arzobispado indican que entienden que no hay nada anormal en esta gestión inmobiliaria y que esperan hallar una solución satisfactoria más pronto que tarde.

¿Por qué tienen esos pisos? La archidiócesis recibió en herencia en 2014 dos viviendas de un médico donostiarra que pidió expresamente destinar ese patrimonio a fines sociales. Analizada la situación y teniendo en cuenta que Donostia está a la cabeza de todas las estadísticas inmobiliarias de España, los gestores eclesiásticos entendieron que la mejor manera para maximizar las rentas era entregar las llaves a una agencia especializada y preparar un apartamento con decoración minimalista y grandes ventanales en la zona más ‘chic’ de Donostia. En Toledo, explican estas fuentes, también se hacen estas mismas gestiones con otros inmuebles de titularidad eclesial.

Las propiedades del Arzobispado eran del gusto de los clientes, muchos de ellos extranjeros, a tenor de los comentarios en las distintas plataformas. Unos de ellos, canarios de procedencia, fueron quienes recibieron la inspección municipal durante su estancia, aunque pudieron completar sus vacaciones en la costa vasca.

Desde el Ayuntamiento insisten en que, en este momento de especial sensibilidad en torno al turismo, se está aplicando con rigor “la normativa actual” que marca que estos pisos “sólo pueden estar en las primeras plantas” de las viviendas y que en este caso no se pueden hacer excepciones aunque toda apunta a que el nuevo modelo que se conocerá en los próximos días será diferente.

Desde la agencia contratada por el Arzobispado de Toledo indican que “San Sebastián va un paso por detrás de la realidad” y de la normativa autonómica de 2013 y 2016 y que es eso lo que genera este tipo de embrollos. Según su gerente, todos los pisos de esta empresa, que pertenece al grupo Apartur y que colaboró en la redacción de la reciente Ley de Turismo, “tienen autorización del Gobierno vasco” y “pagan todos los impuestos” pero quedan fuera de la normativa municipal que sólo prevé licencias para pensiones y hoteles por ser previa al 'boom' de Airbnb o Homeaway. Y las limita, además, a los primeros pisos de los bloques.

“Hasta hace unos meses, el Ayuntamiento no actuaba en esta materia, pero ahora hay un clima muy especial y se está posicionando claramente para impedir apartamentos que no estén en los primeros pisos”, indica este empresario, que asegura que ellos defienden la “legalidad” de la actividad de todas sus casas autorizadas por el Gobierno vasco aunque advierten a los propietarios de posibles problemas si su apartamento es un piso alto.

En el caso concreto del Arzobispado de Toledo, según informó Gara, se recibió una notificación oficial en las viviendas afectadas y se ha iniciado un procedimiento que puede concluir en una multa de hasta 40.000 euros si no se clausura, aunque todo apunta a que no se llegará a ese extremo.

Un verano convulso

“Que quede claro que la Policía no saca a los viajeros de estos pisos. Y nosotros, que ya hemos clausurado apartamentos por este motivo, reubicamos a los viajeros”, explican desde Apartur. “Sí nos gustaría transmitir que el Ayuntamiento, aunque va tarde, está trabajando en buscar un marco estable a este problema y que nosotros estamos de acuerdo con ello. Nosotros siempre tratamos de adaptarnos a la normativa”, explican desde esta patronal turística con mano tendida hacia las autoridades locales de Turismo.

Esta polémica con el Arzobispado de Toledo ha sido la última en un verano convulso en San Sebastián en lo que a turismo se refiere. La ciudad acumula el 40% de los apartamentos de todo el País Vasco, casi 3.000, y en algunas áreas el 90% del parque de viviendas en alquiler es para uso vacacional, lo que dispara el mercado ordinario. Se han dado casos de arrendamientos interrumpidos al llegar el verano para maximizar el beneficio al ofertarlos por días en Internet. Se estima que ni la mitad de la oferta total está regularizada.

En las calles del centro de San Sebastián, la presencia de visitantes es evidentes. Muchos de ellos son extranjeros. En este sentido, la aparición de pintadas con el lema 'Tourist, go home' ha sido una constante en la primera parte del verano donostiarra. Asimismo, la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha iniciado una campaña en protesta contra un “modelo” de turismo que entienden que precariza la economía y enquista el problema de la vivienda.

Desde el Gobierno vasco, el consejero Alfredo Retortillo ha defendido que no hay motivos para ver masificación en Donostia -“Euskadi no es Magaluf”- aunque sí concede que es necesario continuar regularizando el sector y “repartir” los “flujos” de visitantes tanto a lo largo del año como por toda la comunidad autónoma. Por otra parte, la Hacienda de Gipuzkoa ha colaborado con plataformas como Airbnb para elaborar un censo de propietarios de pisos turísticos de modo que se han localizado hasta 600 que no eran declarados.