ETA se resiste a echar el cerrojo

Dos años sin la actividad terrorista de ETA dan para muchas instantáneas. Para numerosos comunicados de la dirección etarra -un total de ocho si incluimos el del cese definitivo del terror hace hoy dos años-. Para innumerables reuniones discretas y visitas de agentes externos y verificadores internacionales que han exigido, sin éxito, a ETA que avance en el proceso de entrega o sellado de sus arsenales. Y también para muchas operaciones policiales contra los diferentes aparatos de la organización terrorista con el resultado de 84 personas detenidas en siete países diferentes bajo la acusación de pertenecer a la organización (43 en España y 41 en otros seis países, la mayoría en Francia).

Pero en todo este tiempo hay una imagen en París que sobresale por encima de las demás. Y una decisión, adoptada por el Gobierno de Noruega, de la que no hay constancia fotográfica, pero que evidenciaba la posición de Mariano Rajoy ante la petición de ETA de sentarse a negociar un “final ordenado” de lo que los terroristas llaman las consecuencias del conflicto (presos, armas, víctimas y readecuación de las policías en una Euskadi en paz).

El pasado 18 de febrero, un tribunal de París sentó en el banquillo de los acusados a Garikoitz Azpiazu Rubina, 'Txeroki'. Junto a él, en el Tribunal de lo Criminal de la capital francesa estaban otros tres etarras que también fueron los máximos responsables 'militares' de ETA: Aitzol Iriondo, 'Gurbitz'; Jurdan Martitegui Lizaso y Mikel Carrera Sarobe, 'Ata'. Solo falta Ibon Gogeaskoetxea, sucesor de Martitegui en tareas de jefatura militar.

Las crónicas periodísticas de la primera sesión del juicio destacaron el alegato leído por Txeroki. En plena exigencia al mundo político de ETA y a los terroristas para que reconocieran el daño causado y abjuraran de su pasado violento, Txeroki leyó una declaración de ETA en la que que “lamentaba el daño” ocasionado a “todos los ciudadanos que, sin ninguna responsabilidad en este conflicto, han sufrido un daño a causa de la actividad de ETA”. Lo que en el lenguaje militar se denomina “daños colaterales”.

Pero lo fundamental no era lo que decía la nota. Lo inédito era la foto del banquillo: los cuatro jefes militares que habían dirigido ETA antes del cese definitivo estaban encarcelados y con largas condenas a sus espaldas. Era el juicio de la derrota de ETA. Iriondo, jefe militar de dicha organización desde el 17 de noviembre de 2008, fecha de la detención de Txeroki, duró en el cargo apenas tres semanas. Fue arrestado el 8 de diciembre de ese mismo año. Pocos meses después, el 19 de abril de 2009, caía Jurdan Martitegui.

En menos de seis meses, la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, había desarticulado en tres ocasiones la jefatura militar de la organización terrorista. En menos de dos años la policía descabezó militarmente a ETA en seis ocasiones y tras las sucesivas caídas estuvo siete meses sin atentar.

Era el principio del fin, mientras el debate en su mundo político le llevó a presentar unos estatutos de una nueva formación, Sortu, en la que se rechaza la violencia de ETA y se desvincula de las anteriores formaciones ilegalizadas. Era febrero de 2011. “Tras estos dos años solo podemos constatar que están más derrotados que nunca. No vamos a levantar el pie del acelerador hasta que la banda se disuelva definitivamente”, expresa un estrecho colaborador del ministro del Interior.

Expulsión de Oslo de los negociadores

El otro punto de inflexión en estos dos años se sitúa en Oslo. Unos pocos días antes del juicio de París, a principios de febrero de 2013, las autoridades noruegas deciden expulsar a a sus tres máximos dirigentes David Pla, Iratxe Sorzábal y el histórico 'Josu Ternera'. Se encontraban allí acogidos en distintas fases desde semanas después del anuncio del cese definitivo de ETA a la espera una negociación que nunca llegó. Es en ese momento cuando la dirección de ETA constata su error: el negarse durante el mes anterior a ceder ante los verificadores internacionales para que avanzaran en el desarme, lejos de hacerles más fuertes, desespera al grupo de verificadores, que no tienen nada que ofrecer al Gobierno del PP.

ETA, de hecho, ya había hecho oídos sordos a las recomendaciones de los verificadores en ocasiones anteriores como cuando solicitaron a sus militantes que dejasen de llevar armas. La propia ETA aseguró en marzo que la cuestión del desarme no era de su competencia: “Queda fuera del mandato que se dio la Comisión Internacional de Verificación en su origen y, en consecuencia, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA y la Comisión”. De hecho, el plazo de seis meses dado por esta comisión para seguir trabajando sobre el terreno venció el pasado 30 de septiembre sin que los terroristas hayan dado muestras de voluntad real de desarme. ETA no ha atendido a ese emplazamiento, pese a que en su estrategia de cierre de la persiana la repercusión internacional del proceso está más que presente. Y “el proceso del final definitivo de ETA está bloqueado”, en palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha podido constatar tras mantener tres encuentros con Rajoy (dos de ellos discretos, el 10 de abril y el 15 de julio pasado) que el PP no se va a mover. Que en esta materia, Rajoy hace en privado, lo mismo que dice en público.

El abogado y exdirigente de Herri Batasuna Txema Montero, una de las personas mejor informadas en el País Vasco y buen conocedor de todos los procesos de negociación entre ETA y el Gobierno que se han sucedido desde las conversaciones de Argel (1989), cree que el Gobierno del PP “busca la sumisión política e ideológica de ETA. Los quieren arrepentidos de sus actos y de sus propuestas”. Montero sorprendió ya en su momento a muchas personas de la órbita abertzale cuando aseguró que toda la evolución que se había producido en ETA y en Batasuna “había sido posible gracias a la Guardia Civil”, a la derrota operativa de la organización. Pero echa en falta estadistas en estos momentos, “aquellos personas que ven cuando los demás no vemos”.

Montero cree que ETA está administrando “el gesto definitivo”, mientras su mundo político -ahora en todas las instituciones y gobernando muchas de ellas- está a la espera. Un mundo que asiste a situaciones que creía superadas, como la última operación contra Herrira, y que cree entrar en el túnel del tiempo al ver a buena parte de su dirección en macrojuicios en la Audiencia Nacional. Y no descarta que en este nuevo tiempo que vive Euskadi, el mundo de ETA “implosione” o acabe por “desvanecerse” ante una sociedad que entendió a la mañana siguiente del 20 de octubre de 2011 que el final definitivo de su actividad era lo que la ciudadanía considera que es la paz.