El ciudadano Arronategui (antes etarra)

El verano siempre viene acompañado de cursos universitarios de todo tipo en los que los políticos en activo aprovechan para lanzar mensajes o revelar estrategias para los futuros periodos de sesiones en sus respectivos Parlamentos. Muchas veces son foros de discusión en los que expertos, juristas de reconocidos prestigio o especialistas en diversas materias centran los temas y dan un barniz intelectual a discusiones muchas veces embarradas en el terreno político. Y en algunas ocasiones -no siempre- incluso salta la noticia.

Ha ocurrido esta semana en Madrid. En los cursos de verano la Complutense en El Escorial, cerca de la capital de España, un precioso escenario abrigado en la sierra de Guadarrama que ha sido visitado por una delegación del Gobierno vasco encabezada por el lehendakari, Íñigo Urkullu. 'El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco: temas pendientes', este era el título del curso organizado por la omnipresente Secretaría de Paz y Convivencia de Jonan Fernández. Uno de los objetivos, probablemente el más importante del curso dirigido y moderado por el periodista Carlos Fonseca, era mostrar el hastío y cansancio de Urkullu ante la falta de respuesta de Mariano Rajoy a su eterna mano tendida para cerrar de manera ordenada el ciclo de la violencia en Euskadi.

Ambos presidentes hablaron por teléfono el pasado 30 de mayo. Fue la última conversación conocida entre Rajoy y Urkullu, que se han reunido a lo largo de la legislatura en cuatro ocasiones, tres de ellas en formato secreto/discreto (10 de abril y 15 de julio de 2013 y el pasado 4 de febrero). Y a tenor de las últimas declaraciones del mandatario vasco, solo se puede interpretar que en materia antiterrorista o de política penitenciaria no hay cambios a corto plazo en la estrategia del Gobierno central.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado en varias ocasiones que ETA, hoy en día, son “sus presos y poquito más”. Y precisamente en materia penitenciaria es donde surgió la noticia en los cursos de la Complutense en El Escorial. Gracias al responsable del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que ha participado en unas jornadas convocadas por el Ejecutivo vasco y celebradas en la Universidad Complutense, supimos que el etarra arrepentido Asier Arronategi había obtenido la libertad el pasado 27 de junio. La libertada condicional fue firmada por el propio juez Castro. Previamente, el 9 de mayo, Instituciones Penitenciarias había acordado su clasificación en tercer grado, paso previo necesario para poder salir de prisión.

Lo que hace diferente a Arronategi de los presos de ETA que también han cumplido las tres cuartas partes de la condena y aspiran a salir de prisión es su voluntad inequívoca de cortar con la organización terrorista. Su disposición a colaborar activamente con las autoridades en lo que sea requerido -por ejemplo a colaborar con la justicia para esclarecer atentados-. Y su petición de perdón a las víctimas. Arronategi, condenado a seis años por la Audiencia Nacional por integración en banda armada, había cumplido las tres cuartas partes de la condena en 2008. Pero ha sido ahora, tras pasar por un notario para dejar constancia de su voluntad inequívoca de iniciar una nueva vida alejada del terror, cuando ha obtenido la libertad condicional. Y de paso una condición de ciudadanía plena de la que no disfrutaba mientras estaba al servicio de la estrategia etarra.

No hay otro itinerario. Y los presos de ETA lo saben. Lo admitieron cuando el pasado 28 de diciembre mostraron su disposición, por primera vez en su historia, a seguir la legislación penitenciaria. Era el punto 6 de aquella declaración del colectivo de presos del EPPK. “Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena. Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”. Pero parecen haberlo olvidado.

Y lo saben también sus abogados, que intentaron un primer movimiento para acercar a prisiones vascas a determinados reclusos, obteniendo la negativa de las respectivas juntas de tratamiento de las cárceles donde están recluidos. Y resulta improbable que aquí venga ningún Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a arreglar su situación. Si el ministro del Interior está en lo cierto, y ETA son sus presos y poco más (las varias docenas de activistas y el armamento que espera bien pudrise en los zulos o ser vendido al mejor postor), ¿No sería conveniente que los presos siguieran el itinerario correcto y el Gobierno, por su parte, flexibilizara la política penitenciaria?

El próximo 20 de octubre se cumplirán tres años desde que la organización terrorista ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista. Y todos los pronunciamientos de sus miembros, los últimos en los juicios seguidos en París contra varios de los negociadores en el proceso de paz de la etapa Zapatero (2006-2007), dejan claro que la decisión unilateral de abondonar las armas no tiene vuelta atrás. Sin embargo, el lehendakari Urkullu alberga cierto temor a que esta legislatura de Mariano Rajoy pueda ser finalmente un tiempo perdido para avanzar hacia el “final ordenado” y definitivo de ETA. De ahí su hastío y cansancio. Pero Rajoy parece tener cosas más importantes de las que preocuparse, entre otras, ganar las próximas elecciones. Y el tema de los presos solo le ha traído problemas con las víctimas en esta legislatura (doctrina Parot), así que ¿para qué arriesgar?, debe pensar.