El Gobierno vasco pagó 20.415 euros a medios afines por 'informaciones' contra la 'ley Wert'
El Gobierno vasco pagó a finales de 2013 a varios medios de comunicación afines a los nacionalistas 20.415 euros para que incluyeran en sus contenidos informaciones en contra de la 'ley Wert' impulsada por el Gobierno del PP, según se recoge en una respuesta del Ejecutivo a una petición de información promovida por UPyD y que publica El Mundo. Los tres periódicos afines al nacionalismo institucional son los del Grupo Noticias: Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa y la emisora de radio, en la mísma órbita ideológica, es Onda Vasca. Las adjudicaciones de los contratos -todo menores de 10.000 euros- se realizaron a finales del año pasado.
El Departamento de Educacion que dirige Cristina Uriarte reconoce que las informaciones críticas con la 'ley Wert' formaba parte de una estrategia de su departamento. En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo concibe esas informaciones como “inserciones publicitarias”, aunque en la documentación que han adjuntado para responder a la cuestión del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, y que reproduce las informaciones publicadas el 15 de diciembre de 2013, no queda constancia de que se tratara de publicidad. Las informaciones de estos tres periódicos tienen formato de noticia y ningún cintillo avisa a los lectores de que se trata en realidad de publicidad pagada por el Ejecutivo.
En el caso de la emisora Onda Vasca, se contrató un espacio para abordar, como contenido informativo, también de manera crítica la contestada reforma educativa del ministro Jose Ignacio Wert. El contenido informativo se realizó en el programa Euskadi Hoy, en el que dedicó 35 minutos a entrevistar a cinco representantes del ámbito educativo vasco, navarro y catalán contrarios a la reforma educativa.
Contrario a la Ley de Publicidad
Estas prácticas chocan frontalmente con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional aprobada en diciembre de 2010 aprobada por el Ejecutivo de Patxi López. La citada ley deja claro desde su exposición de motivos que las campañas de publicidad institucional no puede “encubrir objetivos inadecuados al buen uso de los recursos públicos”. Además, el artículo 5.4 de la ley prohíbe expresamente la “difusión de campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora contratante”.
En concreto, la norma señala también en su exposición de motivos: “La importancia adquirida por la información y comunicación en la sociedad actual ha motivado un incremento notable del flujo de mensajes que dirigen los poderes públicos a la ciudadanía. Esta acción ejecutiva de las administraciones públicas, englobada bajo la denominación genérica de 'campañas institucionales de publicidad y comunicación', debe tener por finalidad exclusiva la de facilitar a aquella el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, sin perseguir o encubrir objetivos inadecuados al buen uso de los recursos públicos. Al tratarse de una actividad de complejidad técnica, de indudable repercusión social y de contenidos muchas veces sensibles, se hace necesaria una ley que establezca con claridad el marco en el que debe desarrollarse”.
Las adjudicaciones se formalizaron a finales de 2013 con la empresa Ediciones Izoria 2004, editora de Diario de Noticias de Álava por 3.374 euros, según se precisa en la respuesta parlamentaria. Por la misma información se suscribió un contrato con la empresa Urgull 2004, editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa, por 4.723,84 euros. Hubo un contrato con Editorial Iparraguire, editora de Deia, a la que abonó por el mismo contenido 9.897,8 euros. El cuarto contrato lo firmó con Eusko Media SL, propietaria de Onda Vasca, por 2.420 euros.
