La operación para financiar Epsilon que costó 16 millones estuvo plagada de irregularidades
La comisión de investigación parlamenteria del caso Epsilon, las ayudas públicas por valor de más de 48 millones de euros al proyecto de escudería de Fórmula 1 del Gobierno del lehendakari Ibarretxe, maneja un informe económico realizado el 6 de junio de 2011 en el que se detallan las irregularidades e “infracciones de legalidad” de la operación entre el Parque Tecnológico de Álava y dos cajas de ahorros para lograr 16 millones de euros para financiar a la empresa Epsilon. Esta operación -en la que el parque cedió el rango hipotecario- supuso finalmente a la Administración tener que desembolsar más de 16 millones de euros cuando el proyecto ya había entrado en barrena.
En ese contrato con las cajas de 2009, además de la cesión del rango hipotecario, el parque tecnológico se comprometía “en caso de ejecución hipotecaria por parte de las entidades a acudir a la subasta y pujar por un precio establecido entre un mínimo de 14,6 millones y un máximo de 22,5 y que será establecido en base a informes de valoración de terceros expertos”.
El informe económico, pedido por los responsables del Departamento de Industria del Gobierno socialista al conocer la operación entre el parque y las cajas Vital y Kutxa, deja muy claro que esa operación de ceder el “rango de manera gratuita es claramente una operación gravosa para el Parque Tecnológico de Álava” -entonces gestionado por un Consejo de Administración con mayoría nacionalista- “pues es claro que se ha dañado la posibilidad de cobrar la deuda sin que exista contraprestación que lo compense”. Beneficia a las cajas al “reducir las posibilidades de que su crédito termine siendo incobrable” y ha “beneficiado significativamente a Epsilon, pues le ha permitido obtener una importante financiación a la que probablemente no habría tenido acceso de otro modo”, se afirma en el documento. Es decir, que el parque autorizó una operación que beneficiaba a todo el mundo menos a la Administración pública.
Para el redactor del informe, Javier Serrano, entonces director de la Oficina de Control Económico (OCE), dependiente del Departamento de Hacienda, “la cesión del rango hipotecario, y muy especialmente el compromiso de acudir a la ejecución, son operaciones que carecían de razonabilidad desde el punto de vista de la situación económica de la entidad garantizada, del volumen económico del Parque Tecnológico de Álava, de la amplitud y concentración de los riesgos asumidos y, en general, de los criterios que rigen este tipo de operaciones”, según se puede leer en el informe de 12 páginas que los parlamentarios de la comisión de investigación manejan.
En cualquier caso, la operación tuvo “claramente una dimensión excesiva para la economía” del parque que en los tres años previos a 2011 tuvo una “capacidad económica que había oscilado entre los 4,7 millones y los 9,4 millones de euros, importe en cualquier caso mucho menor que la cantidad que habría que abonar en el procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y a finales de marzo de 2011, del capital circulante (10,3 millones) solo unos tres millones estaban realmente “disponibles”. Y la debilidad de Epsilon era manifiesta, ya que “las garantías personales de Epsilon, es decir las derivadas exclusivamente de su propio negocio, eran muy escasas”. De hecho, fue el Consejo de Gobierno del Ejecutivo del 8 de mayo de 2012 quien tuvo que autorizar la compra de los préstamos, tras una negociación con Kutxabank, para evitar que la deuda siguiera creciendo, como explicó a la comisión el exconsejero de Industria, Bernabé Unda. “La deuda iba creciendo y la posición negociadora era peor”, ha explicado esta semana.
Otras irregularidades detectadas en esta operación -centro de la investigación de la comisión por el desembolso de dinero público que supuso para la Administración- son que la cesión de rango hipotecario o el compromiso de acudir a la ejecución hipotecaria con un tipo mínimo “no están comprendidas en el objeto social” del parque. Aunque el director de la OCE aclara que esa realidad “no es obstáculo para la validez de los correspondientes negocios jurídicos” cerrados entre el parque y las cajas. Negocios que estuvieron pergeñados por los asesores jurídicos del parque, que ya avisaron de que la operación era un aval, que “el parque no puede prestar avales a terceros” y que en “términos prácticos sería materialmente parecido a una subvención”. Los asesores jurídicos del bufete Uria Menéndez realizaron una propuesta que “evitara, al menos formalmente, algunas aristas del asunto”, para que fueran contratos, “desde un punto de vista legal, válidos y eficaces”, aunque admitían que pudieran resultar “no habituales”, según se desprenden de los intercambios de correos entre el bufete y el parque tecnológico previos a cerrar la operación.
Luces rojas
El informe económico desgrana otros incumplimientos en la citada operación. Al constituir “garantías” y ser “susceptibles de constituir ayudas de Estado”, se incumplió “la obligación de notificación previa” y debió “contar con la autorización previa del Departamento competente en materia de finanzas”. La no notificación, precisa el documento, es una “irregularidad que difícilmente puede hacerse efectiva frente a las entidades financieras para eximir al parque de sus obligaciones contractuales para con ellas”. Y la no notificación a la Comisión Europea, ante la posibilidad de ser una ayuda de Estado, “parece que sí se trata de una infracción del derecho comunitario que podría afectar a la validez de las ayudas”.
Lo que esta semana, en la comparecencia de la máxima responsable de Industria en aquellas fechas, la consejera Ana Aguirre, se preguntaban los parlamentarios de la oposición -PP, PSE, EH Bildu y UPyD- era básicamente: ¿qué control hubo por parte del Departamento en una operación de tanta envergadura y de tan alto riesgo? ¿No se encendieron las luces rojas en los despachos de Lakua? ¿Hubo dejación pública? El informe económico parece contestar con esta frase: “Los criterios que rigen habitualmente para decidir sobre la concesión de garantías aconsejarían que el Parque tecnológico de Álava no hubiera aprobado la operación” con las dos cajas.
Todos los grupos preguntaron acerca de quién tomó la decision final y censuraron la falta de supervisión. Tanto el informe económico, como el jurídico solicitado también por Industria, ya advertían de que la “aprobación de una operación desproporcionada para la entidad” podía “originar responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración frente a los accionistas”, en palabras del documento económico.
Ana Aguirre ha asegurado en su comparecencia que ella ni participó ni intervino en la operación y ha negado hasta en dos ocasiones ante la comisión parlamentaria la “pérdida patrimonial” por esta operación, dado que el valor de los activos adquiridos –las instalaciones de Epsilon en el parque alavés- supera el valor del desembolso. Pero todos esos “activos estratégicos”, en palabras de la exconsejera de Industria, siguen todavía a la espera de un comprador o que puedan ser usados por otros sectores económicos.
