El jefe de la Ertzaintza pone orden en el uso de coches oficiales para evitar abusos
El jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, ha enviado a todas las jefaturas de unidad del cuerpo, 14 destinatarios en total, una circular interna para poner orden en la “utilización de vehículos sin distintivos” o camuflados del parque móvil del Departamento de Seguridad y evitar así posibles usos fraudulentos. El documento, fechado a 28 de marzo y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, limita a desplazamientos “por necesidades de servicio” la asignación de automóviles oficiales a los miembros de la escala ejecutiva y superior, la cadena de mando, que está inmersa en la polémica por los distintos procedimientos judiciales abiertos por el presunto cobro irregular de dietas de desplazamiento y comida durante los últimos años y por denuncias de uso de esta flota para fines personales.
La escala de mando tiene derecho a contar con un vehículo de empresa (o bien a cobrar el kilometraje desde casa al trabajo) dado que tienen un régimen horario de libre disposición que les obliga a movilizarse en caso de emergencia a cualquier hora del día. Sin embargo, históricamente se han sucedido las denuncias de que estos coches han sido utilizados también para desplazamientos particulares cuando es la Administración la que paga gasolina, peajes, aparcamientos, mantenimiento e impuestos.
En este sentido, Aldekoa remarca a sus mandos que sólo podrán tener asignado un coche de “gama media”. Los de “gama alta” se limitarán para actos de “representación” o misiones muy específicas de Intervención, Tráfico o traslado de presos. El jefe policial avisa también de que su uso estará limitado “de forma exclusiva” al ejercicio de funciones oficiales, nunca “para casos particulares”.
Son cinco las restricciones adicionales que marca Aldekoia a la cadena de mando, relación que puede dar una idea de las anomalías que se han podido producir en los últimos años: 1- No se permite ceder el vehículo a otro conductor; 2- Los usuarios no podrán intercambiarse el vehículo asignado; 3- Se ha de custodiar “diligentemente” el automóvil; 4 - No se puede instalar un GPS o una silla de sujeción infantil; 5 - Los agentes tienen que “velar por la realización puntual de las revisiones técnicas”.
El jefe policial avisa también, en este caso a mandos y a agentes de la escala básica, de que “las sanciones impuestas a los usuarios” de los coches “serán abonadas por ellos”. Asimismo, se establece la cautela de que cada vez que se reposte “se deberá indicar al personal de la gasolinera los kilómetros que tiene el vehículo” y enviar el recibo de carburante a los funcionarios de Parque Móvil.
Un clima enrarecido
El asunto de las dietas y coches oficiales es una verdadera bomba de relojería en el seno de la Ertzaintza. El sindicato Sipe-Fepol denunció primero en la justicia ordinaria y después en el Tribunal de Cuentas que la escala de mando de la Policía autonómica había estado cobrando durante años por esta vía un sobresueldo opaco a Hacienda que podía suponer hasta un 30% de plus.
En la vía penal, dos altos cargos del Gobierno vasco están imputados por autorizar los pagos de dietas a los mandos. Se investiga también a dos docenas de altos funcionarios policiales. En el Tribunal de Cuentas, asimismo, se celebró en marzo el juicio en el que dos directoras del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino, afrontan la posible devolución de 2,2 millones por pagos aparentemente indebidos de dietas.
El Ejecutivo vasco ha defendido en todo momento la legalidad de los pagos, basados en un decreto de indemnizaciones aprobado en 2011. Sin embargo, ha asumido que las dietas tenían que haber tributado a Hacienda y regularizó hace unos meses 1,5 millones en IRPF no pagado. En este momento, el Departamento de Seguridad se encuentra en proceso de “individualizar” ese IRPF no pagado y ha girado una propuesta de devolución a los afectados, facturas que en algunos casos ascienden a 20.000 euros.
Éstos, muchos de ellos ertzainas con muy altas responsabilidades en el cuerpo, se han movilizado al entender que en ningún caso esas dietas eran un sobresueldo, sino gastos que han incurrido por razón de servicio. Este colectivo se ha constituido en plataforma (llamda EBE) y ya alertó que adoptaría medidas de presión en caso de que no se logre una salida negociada a este asunto. Incluso plantearon la dimisión generalizada.
En paralelo, el Gobierno ha incorporado en su ley de presupuestos de 2017 un nuevo complemento específico de jefatura para que los mandos de la Ertzaintza perciban un plus de 3.336 euros anuales que compense esta situación. Los sindicatos han denunciado que este complemento supone una subida del 5% para los mandos cuando el conjunto de los funcionarios tiene restringida al 1% la mejora retributiva en 2017.
