Los mandos de la Ertzaintza imputados por las dietas defienden su inocencia ante el juez
Los 26 altos mandos de la Ertzaintza imputados por el cobro irregular de dietas de locomoción y comida han iniciado ya esta semana sus comparecencias ante el juzgado de Bilbao que investiga desde hace unos meses estas presuntas irregularidades económicas. Estas declaraciones continuarán hasta el 17 de mayo, según fuentes judiciales. Todos los investigados están coincidiendo en rechazar de plano la acusación de percibir sobresueldos opacos a Hacienda que pesa sobre ellos tras la denuncia del sindicato Sipe (Fepol) y están repitiendo ante el juzgado, primero, que las dietas no eran incentivos sino indemnizaciones por razón de servicio reguladas en un decreto del Gobierno y, segundo, que cada uno de los gastos venía visado por funcionarios de la Administración.
La polémica por las dietas en la Ertzaintza fue doblemente denunciada por el Sipe. Por un lado, acudió a la justicia ordinaria (a una juez de lo contencioso-administrativo que lo derivó a la vía penal) y, por otro, al Tribunal de Cuentas del Estado, que ya ha celebrado un juicio contra dos directoras del Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia y que se enfrentan a la devolución de unos dos millones de euros, el volumen económico que inicialmente se ha dado a las irregularidades.
En la vía penal, con base en una auditoría externa, se investiga si las dietas que se abonaban de manera regular a las escalas ejecutiva y superior de la Ertzaintza (de comisarios en adelante) suponían un incremento irregular del salario ordinario del entorno del 20 ó 30%. Según 'El Correo', la perito que elaboró este informe se ratificó en sus conclusiones en el juzgado. Mientras, el Gobierno vasco maneja otros documentos que remarcan que los pagos siempre se han hecho conforme a la normativa vigente y defiende que si ha habido ineficiencias ya se han ido corrigiendo en los últimos meses.
Es más, el Gobierno vasco incluyó este martes en su programa normativo de 2017 la aprobación de un decreto que sustituya al actual que regula las indemnizaciones y que procede de la etapa del socialista Rodolfo Ares como titular de Seguridad (entonces llamado Interior). Fuentes oficiales explican que el Ejecutivo está ya trabajando en la nueva redacción del decreto, que incorporará todos los nuevos controles introducidos en el sistema de dietas desde que estalló esta polémica. El uso de los coches oficiales, por ejemplo, ya se ha restringido mediante una orden del jefe de la Policía vasca, Jorge Aldekoa y el pasado año se regularizó ante las tres Haciendas vascas la cantidad de 1,5 millones en concepto de IRPF no abonado durante varios ejercicios.
El juez José María Eguía, en todo caso, mantiene imputadas a 28 personas en la causa. Son la directora de Recursos Humanos de la Ertzaintza, Miren Karmele Arias, el director de Función Pública, Juan María Barasorda, y los 26 mandos, entre los que se hallan agentes que históricamente han asumido responsabilidades muy importantes en el cuerpo, como la jefatura del área de Investigación. Estos funcionarios cuentan con defensa letrada proporcionada por la Administración y, durante sus comparecencias, se están acogiendo a su derecho a no contestar a las preguntas que formula la acusación, el abogado del sindicato Sipe. En paralelo, han impulsado una plataforma para denunciar su situación de indefensión e incluso han amenazado con medidas de presión si el Departamento de Seguridad no les arropa.
En todo caso, según consta en el sumario, las irregularidades investigadas aún no ha sido tipificadas. De hecho, en la citación como imputados de los mandos policiales consta como “hecho denunciado” que se trata de “delitos sin especificar”.
