“España niega el asilo al 90% de las personas que lo solicitan”
En un momento en el que tanto España como Europa refuerzan sus fronteras, la labor de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se hace especialmente necesaria. CEAR lleva más de 30 años trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas, y que además en la mayoría de las ocasiones están en riesgo de exclusión. Por ese trabajo y por el “apoyo y pedagogía social que desarrolla a favor de una convivencia intercultural dentro de la sociedad vasca”, recibe hoy premio ‘René Cassin’ de los Derechos Humanos que otorga el Gobierno vasco.
“Recibimos el premio con mucho entusiasmo” reconoce Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, “pero también con mucha responsabilidad porque queda mucho trabajo por hacer”. Porque a pesar de este reconocimiento, Bárcena alerta de que “el derecho al asilo está en crisis, por lo desconocido que es entre la sociedad, pero también por lo minusvalorado que está institucionalmente”. Solo el 10% de las personas que solicitan asilo en España consiguen los Estatutos de Protección. Este bajo índice no es porque haya menos gente refugiada, “es porque España y Europa incumplen sistemáticamente la normativa europea”, denuncia Bárcena y recuerda que “con la firma del Convenio de Ginebra, los países europeos adquirieron el compromiso de amparar a todas las personas perseguidas que necesiten refugio”.
En el mundo hay 43 millones de refugiados, de ese colectivo en 2012 apenas llegaron a España 2.600, “una cifra irrisoria si la comparamos con otros países de Europa, la propia Italia de Berlusconi recibió más”, afirma la responsable de CEAR Euskadi. Además las solicitudes de asilo el año pasado registraron un mínimo histórico: la cifra más baja en los últimos 25 años. Y es que para una persona que busca refugio, España es un verdadero fortín. “La mejor manera de impedir que consigan el asilo, es evitar que lo pidan”, y para ello, explica Bárcena, las instituciones se han dotado de recursos que alargan y enmarañan el proceso.
España, un fortín
Acceder al territorio nacional se convierte en el primer obstáculo ya que las denegaciones son lo habitual, pero además hay que sumar la imposibilidad de solicitar asilo en las embajadas o la imposición de visados de tránsito, una figura que países como Francia por ejemplo, no contempla. Muchos de estos refugiados se quedan atrapados en Ceuta y Melilla, “cuando lo que persiguen en realidad es pasar a la península”, debido a las restricciones de movilidad de los solicitantes. A todo esto hay que sumar que en demasiados casos la resolución del expediente se alarga demasiado, por encima de los seis meses que establece la ley.
A todas estas trabas se enfrentan “personas con historias realmente duras, y con situaciones de persecución muy graves”, explica Bárcena “y su único delito es no poder demostrarlo”. Por eso la directora de CEAR Euskadi recuerda que “hay barreras que nunca deberíamos pasar, y es obligación de todos defender a las personas que viven entre nosotros y que no han hecho nada malo, solo querer vivir en paz”.
