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Euskadi pierde un 20% de la plantilla de Policía y Guardia Civil tras el final de ETA

Vehículos de la Guardia Civil en el aeropuerto de San Sebastián

Iker Rioja Andueza

El debate sobre el modelo policial en el País Vasco es recurrente. En esta nueva legislatura, el Gobierno de PNV y PSE-EE ha vuelto a incluir en su carpeta de asuntos pendientes de negociación con Madrid junto a la Seguridad Social, Prisiones o los servicios de transporte un ajuste del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia define a la Ertzaintza como la Policía “integral” de la comunidad autónoma y entiende que el contingente de Policía Nacional y Guardia Civil es excesivo para sus limitadas funciones, más si cabe tras el final del terrorismo de ETA en 2011. El Gobierno central mantiene formalmente que no habrá repliegue, aunque los datos le contradicen. Si en 2011 4.611 policías y guardias trabajaban en Euskadi, a finales de 2016 eran 3.751. Son un 19% menos, cuando las plantillas de ambos cuerpos en toda España han caído un 8% de media.

El Ministerio del Interior ha enviado recientemente al Congreso de los Diputados a instancias del PSOE cuadros estadísticos detallados sobre las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en toda España. Ambos cuerpos están aquejados del mismo mal que sufre la Ertzaintza: las limitadas tasas de reposición de bajas no están permitiendo cubrir la cascada de jubilaciones. En cinco años, coincidiendo con la presidencia de Mariano Rajoy, en España hay 12.435 uniformados menos (7.170 azules y 5.265 verdes). Es una caída de efectivos del 8% y que es común a todas las comunidades autónomas (menos Ceuta, que gana presencia policial). Sin embargo, el Gobierno del PP ha ido modulando sus plantillas en función de las mayores o menores necesidades de seguridad.

Quizás por ello Euskadi, con menos presión de ETA y competencias compartidas con la Ertzaintza, lidera con creces esa lista. La caída de personal es aquí del 19%. Queda muy lejos la siguiente comunidad en la tabla, que es La Rioja (-13%). Navarra, con una reducción de su contingente en un 12%, es la tercera. Desde 2011 hay 62 policías y 247 guardias menos en la comunidad foral, 309 funcionarios en total.

La caída es generalizada en los tres territorios vascos. Gipuzkoa, con un 23% menos de personal (386 agentes), es la provincia de España con más recorte en la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque sea una zona fronteriza. Álava ha perdido 165 efectivos (-18%) y Bizkaia 265 (-15%). Trabajan en Euskadi 2.370 guardias y 1.381 policías.

El doble de agentes que en Cataluña

En el País Vasco hay 1,73 agentes estatales por cada 1.000 habitantes (2,13 en 2011). La media española es de 3,07 aunque en Ceuta y Melilla se dispara a 13 por sus peculiaridades geopolíticas. Que sea menor es natural porque la Ertzaintza (con unos 7.700 uniformados) asume el grueso de competencias en materia de seguridad ciudadana, orden público, investigación y tráfico, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil se encargan de fronteras, aduanas, extranjería, DNI y pasaportes, armas, lucha antiterrorista y todas las investigaciones de delitos “supracomunitarios”, es decir, que excedan al ámbito territorial vasco.

Sin embargo, con un modelo policial gemelo, en Cataluña el ratio de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado es de 0,83 funcionarios por cada 1.000 habitantes, menos de la mitad. En Navarra, la tasa es de 3,41, por encima de la media y una de las más altas. Sin embargo, las funciones de la Policía Foral, el cuerpo autonómico, no son homologables a las de Ertzaintza o Mossos d’Esquadra.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno vasco insiste en reclamar al Ministerio del Interior que aborde un ajuste del despliegue. Lo repitió la consejera Beltrán de Heredia en el Parlamento Vasco al presentar su programa para esta legislatura y lo refrendará próximamente el pleno de la Cámara con una nueva iniciativa para la “adecuación” del contingente policial planteada por PNV y PSE-EE, los partidos que sustentan el Ejecutivo vasco, como alternativa al maximalismo de EH Bildu, que aboga abiertamente por la salida de estos cuerpos. Algunos medios de comunicación han puesto el foco en la postura de los socialistas, si bien ya en 2012 el entonces titular de Interior en Euskadi, Rodolfo Ares, defendió esa misma posición política de “revisar” esta situación a la luz del nuevo escenario.

Desde el equipo de Beltrán de Heredia interpretan que no es suficiente con que Policía Nacional y Guardia Civil reduzcan sus plantillas en Euskadi como consecuencia de los problemas existentes para cubrir las bajas que se producen. Ven necesaria la celebración de una Junta de Seguridad, pospuesta durante años. Es el órgano bilateral que sienta al consejero y al ministro de turno para acordar al más alto nivel político el modelo policial vasco, lo que incluye el reparto de competencias y la plantilla de la Ertzaintza. El titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, ya tiene sobre su mesa una petición expresa desde Euskadi, aunque de momento no hay contestación oficial.

SUP: “El personal es acorde”

Desde el sindicato más importante de la Policía Nacional, el SUP, sus portavoces apuntan a que la situación en Euskadi “es reflejo de lo que sucede en todo el territorio nacional”. Preguntada por la polémica en torno a las peticiones de repliegue, la central interpreta que de acuerdo con las funciones actualmente encomendadas por el Estatuto a las Fuerzas de Seguridad del Estado “el personal que está trabajando aquí es acorde”. De hecho, aprecian ciertas “carencias” en brigadas concretas como las de Extranjería o Información (encargada de los flecos de la lucha contra ETA y ahora especialmente de la amenaza yihadista).

Añade el SUP que muchos funcionarios se sienten “abandonados” ante el debate abierto sobre su presencia en Euskadi. “Pediríamos que desde el Ministerio del Interior o desde la Delegación del Gobierno den un paso en este sentido,” manifiesta un portavoz. En cuanto a la situación general, el sindicato insiste en que no se puede obviar que los agentes destinados en suelo vasco sufren los mismos problemas estructurales que sus compañeros, que se traducen en recortes en las condiciones laborales o escasez de inversiones para modernizar las infraestructuras.

Un sistema “efectivo” pero caro

Expertos de distintos cuerpos consultados por eldiarionorte.es valoran como “efectivo” el modelo policial vasco. “Euskadi es un país seguro”, repite la consejera Beltrán de Heredia. La estadística le ha dado la razón, ya que en 2016 la tasa de criminalidad ha caído un 3,17%. Los sindicatos de la Ertzaintza, en todo caso, han pedido al Gobierno que no se deje cegar por las cifras y que acometa inversiones urgentes en la renovación del parque móvil o en infraestructuras. Piden también que no se retiren medidas de seguridad como las mamparas de las oficinas de atención ciudadana ya que Euskadi vive en alerta yihadista de nivel 4 sobre 5 desde 2015.

El sistema parece efectivo pero es caro. España tiene uno de los modelo de seguridad más onerosos, principalmente por las duplicidades de estructuras. En el caso vasco, en Bilbao los tres cuerpos tienen su propia unidad de artificieros y en Álava la Guardia Civil, con menos funciones, tiene más sedes que la Ertzaintza. “Los políticos se tienen que quitar los complejos y sentarse. Desde la cooperación, el resultado será bueno”, apunta un funcionario del Estado, que reclama que el debate sobre el modelo policial sea serio y riguroso más allá del interés político del nacionalismo en abordar el repliegue de Policía Nacional y Guardia Civil.

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