Euskadi invierte 500 millones de euros en prestaciones sociales, casi el 40% de todo lo que se gasta en España
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se ha convertido en una seña de identidad de la comunidad autónoma y una de sus banderas del estado de bienestar. Los expertos coinciden en que gracias a la implantación de esta prestación social (garantizada por ley). El camino recorrido por Euskadi con la RGI ha tenido poca continuación en el resto de España (salvo Navarra), que en la actualidad es el país de la UE que menos dinero destina en conjunto a este concepto. En cambio, la RGI vasca es equivalente a los sistemas de protección más avanzados que pueden encontrarse en otros países europeos. En la actualidad, el Gobierno vasco está enfrascado en una reforma para que el sistema siga siendo sostenible, aunque las críticas le han llegado desde varios sectortes sociales por entender que trata de endurecer el sistema.
A nivel nacional, la RGI vasca fue el primer modelo de rentas mínimas que se instauró y posteriormente se fueron desarrollando el resto de sistemas autonómicos. Los diferentes modelos muestran una gran heterogeneidad y diversidad. Solo hay que ver el dato del gasto anual por habitante en este programa para darse cuenta de la diferencia que hay entre Euskadi y el resto de comunidades. Por ejemplo, ese gasto es de 223,06 euros en el caso vasco (con datos de 2015) frente a los 99,75 de Navarra (que es la segunda que más invierte), los 18,87 de Madrid (que triplica en población al País Vasco), los 23,23 euros de Cataluña o los 6,45 euros de Valencia.
El estudio comparativo sobre las características de las prestaciones de garantía de ingresos en las comunidades autónomas elaborado por el Centro de Documentación y Estudios refleja que en 2015 Euskadi gastó 488 millones de euros en la RGI (incluida la Prestación Complementaria de Vivienda), casi cuatro veces más que Madrid. En conjunto, Euskadi invierte casi el 40% de todo lo que se gasta en España en prestaciones sociales, con un peso de menos del 6% sobre el total de la población española y, además, con una de las tasas de pobreza más bajas de todo el territorio. La RGI contribuye, según los expertos, a que los niveles de pobreza no se hayan disparado como en otras comunidades durante la crisis.
Con relación a la cuantía, una unidad convivencial formada por una sola persona percibe 634,97 euros. La cantidad va en aumento en función del número de miembros de la familia hasta alcanzar un máximo de 1.047 euros en el caso de seis personas. A estas cantidades hay que sumar el complemento de vivienda si la persona titular tiene que pagar un alquiler o un préstamo. Este complemento se sitúa en 250 euros.
Tanto el gasto como el número de personas perceptoras han mostrado un incremento exponencial a lo largo del tiempo. En 2000, había 13.000 personas perceptoras. A finales de 2009, eran 48.449; y en la actualidad, la cifra se acerca a las 63.000.
La duración de la prestación es ilimitada. Se concede por un período de dos años, renovable con carácter bienal mientras se mantengan las causas que dieron origen a la ayuda y se sigan cumpliendo las condiciones, económicas o de otra naturaleza.
