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La Fiscalía se persona en el 'caso San Antonio' por el que se investiga a Alfonso Alonso y Javier Maroto
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado se ha personado en el caso 'San Antonio', en el que se investiga al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), por el “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar un contrato público a un precio muy superior al de mercado.
La decisión de la Fiscalía, confirmada a Europa Press por el Tribunal de Cuentas, se suma a la de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Vitoria, que ya anunciaron su intención de personarse en esta causa y de solicitar la apertura de un juicio contable.
El Tribunal de Cuentas del Estado aún se encuentra investigando este caso, aunque, de momento, ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, a Maroto -exconcejal de Hacienda y ahora alcalde de Vitoria- y al resto de concejales del PP que en 2007 firmaron un contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón.
El contrato obligaba al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 7,6 millones de euros al empresario. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta decisión ha podido causar un “perjuicio” a las arcas municipales.
La personación de la Fiscalía se produjo el pasado 9 de abril, aunque no ha trascendido hasta ahora. Desde el Tribunal de Cuentas se ha explicado que, en la fase actual del proceso, se está a la espera de recibir las alegaciones que presenten los demandados, después de que ya se hayan recibido las alegaciones de los demandantes.
Juicio contable
El próximo paso, según han explicado las mismas fuentes, será decidir si se solicita o no la apertura de un juicio contable en relación a este caso. La decisión, según las estimaciones del órgano fiscalizador, podría producirse para finales del mes de julio.
Tras conocerse esta decisión de la Fiscalía, el portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha felicitado por este “”paso adelante“. La personación, a su juicio, ”confirma que también la acusación pública quiere llegar hasta el final en la defensa del interés de la ciudad“.
El concejal del PNV ha reiterado que la protección del “interés general” de los vitorianos en este asunto “solo es posible mediante la apertura de un juicio contable”, en el que se defina si Alonso, Maroto y el resto de concejales del PP “actuaron de forma correcta” en la firma del contrato de esas oficinas municipales o si, por el contrario, cometieron “una irregularidad”.
