Una investigación halló indicios de un posible desvío de fondos en las obras de la 'Y vasca'
Tras más de medio año de investigación secreta, la Fiscalía de Álava, apoyada por la Ertzaintza y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial” el millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain Este de la 'Y vasca', terminadas hace ya un lustro.
Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato a la UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la denuncia que motivó esta investigación, además, venía acompañada de una memoria USB que contenía cinco horas de grabaciones de audio en las que se aludía no sólo a sobrecostes por irregularidades en las certificaciones de obra, sino también a sobornos y al pago de comisiones vinculadas presuntamente a las adjudicaciones para la construcción de la alta velocidad vasca.
Sin embargo, con todos estos elementos sobre la mesa, la fiscal jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, que asumió el caso después de que su homólogo alavés, Josu Izaguirre, determinara que los hechos se ceñían a territorio guipuzcoano y que la investigación debía de continuar allí, archivó la causa el 24 de abril de 2017. Zuriarrain recibió el caso desde Álava el 6 de abril de 2017 y no consta que, en esos pocos días, realizara diligencias para determinar el alcance de unos hechos que, inicialmente, presentaban indicios de poder constituir hasta cuatro delitos de gravedad.
La denuncia en torno a las posibles irregularidades en el tramo Beasain Este de la ‘Y vasca’ llegó a la oficina del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, en julio de 2016. A la vuelta del verano, el 14 de septiembre, se inició formalmente la investigación, que contó con el auxilio de especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza y de agentes de la Guardia Civil. Tuvo también el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.
El hecho de que el tramo Beasain Este, como todo el ramal de Gipuzkoa, esté gestionado por la sociedad de infraestructuras ferroviarias del Gobierno vasco (ETS), a diferencia de las obras de Bizkaia y Álava, en manos de la estatal Adif, motivó a los denunciantes a residenciar inicialmente el caso en la capital y no en San Sebastián.
La denuncia y las grabaciones
En la denuncia se hacía alusión, fundamentalmente, a tres tipos de irregularidades económicas. Se mencionaban, en primer lugar, pagos por valor de 5,8 millones de euros (sin IVA) que la Administración adelantó a las empresas contratistas para la adquisición de maquinaria y para el acopio de materiales. Se trata de una práctica totalmente legal y habitual, pero la investigación mostró que en algunos casos se trató de operaciones “ficticias”.
La más llamativa hace referencia a una “central de hormigonado móvil” valorada en 550.000 euros y que las constructoras aparentemente querían instalar en Beasain. Ni el Ayuntamiento recibió nunca ninguna solicitud de autorización para esa instalación ni se construyó nunca.
La propia consejera de Transportes, Ana Oregi, reconoció por escrito que “dicha central no fue instalada” en una respuesta a una solicitud de información realizada por Dani Maeztu (EH Bildu) en el Parlamento Vasco. Esa respuesta de Oregi es del 24 de noviembre de 2015 y la consejera, ahora fuera del Gobierno, añade: “El abono se realizó en la segunda certificación, por lo que se deduce que inicialmente se consideró su instalación aunque posteriormente se desistiera de ello”.
Hubo también más dinero adelantado para actuaciones que no consta que se realizaran y que luego además se pagaron nuevamente mediante subcontrataciones (doble facturación). Se trata de una oficina de 450 metros cuadrados, de un taller de mecánica, de almacenes, de máquinas y robots, entre otros.
El segundo punto de la denuncia alude a “precios contradictorios” mucho más caros que las tarifas contempladas en el presupuesto original. Sumados todos ellos, los denunciantes estiman en 5,02 millones de euros el dinero abonado de más en este concepto. Los precios contradictorios, resumidamente, son actuaciones aparentemente imprevistas que son cobradas mucho más caras que lo inicialmente establecido.
La denuncia, como tercera y última cuestión, señala que se emplearon de manera anómala conceptos más caros, es decir, que se facturó como un servicio más caro trabajos más sencillos, lo que habría generado un nuevo sobreprecio próximo a los 200.000 euros.
La documentación recibida por Izaguirre se completa con cinco horas de grabaciones de audio en las que se escucha a responsables técnicos de ETS. Fuentes judiciales han destacado la importancia de estos archivos, ya que aluden precisamente a las irregularidades descritas en la denuncia e incluso a sobornos y al pago de comisiones vinculadas a las obras del AVE en Euskadi. Fueron especialistas de la Guardia Civil quienes verificaron que esos documentos no estaban manipulados y quienes realizaron las transcripciones juradas.
Estas denuncias guardan similitudes con otro caso descubierto por la Guardia Civil en el tramo de la ‘Y vasca’ de Amorebieta (Bizkaia), correspondiente a los ramales de los que se encarga Adif, sociedad pública dependiente del Ministerio de Fomento. En este caso, según publicó ‘El País’, también se produjeron sobrecostes notables y los correos electrónicos analizados demostrarían que estas cantidades fueron pactadas entre los contratistas (Corsán y Urazca) y los técnicos responsables de Adif. “Las certificaciones de obras no se confeccionaron teniendo en cuenta la obra ejecutada”, concluía el informe de la Guardia Civil.
La investigación
Recibido este material, la Fiscalía de Álava inició formalmente la investigación en septiembre de 2016. Las actuaciones se mantuvieron secretas en todo momento. Izaguirre tomó declaración a algunos testigos y encargó un informe a la Ertzaintza. El documento, según las fuentes consultadas, enumeraba las irregularidades recogidas en la denuncia y planteaba continuar investigando con peritos más especializados los aspectos más técnicos, como los análisis de las certificaciones de las obras para determinar si se correspondían con todos los gastos en los que incurrieron las empresas contratistas. La Fiscalía General del Estado autorizó que la investigación se prolongara más allá de los seis meses previstos en la normativa interna para este tipo de asuntos.
La Fiscalía de Álava, al término de este análisis inicial, estimó que “los hechos relatados pudieran ser constitutivos, salvo ulterior calificación, de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial”. Sin embargo, se interpretó que la competencia recaía en la Fiscalía de Gipuzkoa ya que los hechos se circunscribían al tramo de Beasain Este.
Así las cosas, las diligencias de investigación 78/16 de Álava pasaron a Gipuzkoa el 31 de marzo de 2017. Sin embargo, un problema informático con un ‘pendrive’ retrasó hasta el 6 de abril la recepción de todo el material. Fue ese día cuando la fiscal jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, inició las diligencias de investigación 88/17.
Unos días después, el 24 de abril de 2017 -no hubo apenas días hábiles ya que entre medias se celebró la Semana Santa y la posterior semana de Pascua-, Zuriarrain emitió un decreto en el que archivaba toda la investigación “por entender que no existen elementos suficientes para mantener la perpetración de los hechos denunciados”. En ese documento, al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal alude a que Álava sugirió que podrían haberse cometido tres delitos (se omite la “falsedad en documento oficial” en su análisis), cuando la calificación inicial los elevaba a cuatro.
En ese decreto no consta que se realizara ninguna investigación que contradijera las conclusiones de meses de trabajo de la Fiscalía alavesa y de la Policía vasca. Es más, se enumeran sucintamente las diligencias realizadas por Izaguirre y no se cita ninguna practicada en Gipuzkoa, a excepción de “la lectura” de la documentación del caso.
En tres párrafos, Zuriarrain se remite al informe de la Ertzaintza para asegurar que “la operativa de recibir anticipos” como el de la inexistente hormigonera “no constituye ningún ilícito penal” y añade que esos pagos fueron “compensados” meses después, con lo que “pudiera incluso cuestionarse la existencia o no de irregularidades de carácter administrativo”. En cuanto a los precios modificados, la fiscal reseña que “una vez efectuada la justificación” el sobrecoste es de “CERO EUROS” (en mayúscula en el original). Finalmente, entiende que si se han pagado más caros algunos servicios es porque se produjo una “sustitución de unidades de obra por otras”. En el decreto de archivo, en ningún momento se hace alusión a las grabaciones ni a cifras concretas.
El recorrido judicial de este asunto y su resultado final ha generado un profundo malestar tanto en los denunciantes como en algunas instancias judiciales. Portavoces de la Fiscalía de Gipuzkoa consultados por este medio han explicado que esa oficina no informará de las actuaciones realizadas en torno al expediente 88/17 ya que entienden que la única “obligación legal” es la de comunicar su resultado, en este caso el sobreseimiento de la causa.
