La Fiscalía se retira por sorpresa del caso contra Alonso y Maroto
Sorpresa en la audiencia previa celebrada este lunes en el Tribunal de Cuentas sobre el conocido como caso 'San Antonio' en el que están implicados los dos exalcaldes populares de Vitoria, el actual ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP. La Fiscalía ha anunciado que se retira de la acusación cuando se personó como parte, identificó el supuesto quebrando económico al Ayuntamiento de Vitoria por el que se juzga a Alonso y Maroto y nunca sugirió que se archivará el caso, al menos, hasta ahora, justo en la fecha en que se decide que finalmente habrá juicio. Pese a ese inesperado giro del Ministerio Fiscal, el Tribunal de Cuentas del Estado juzgará el 11 de abril ambos dirigentes populares por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario- Gonzalo Antón, expresidente del club deprotivo alavés- a un precio considerado muy superior al de mercado.
La Fiscalía ya ha anunciado que no formulará demanda en el procedimiento pero el resto de partes demandantes sí lo mantienen. El propio Ayuntamiento de Vitoria se personó en la causa y el PNV y el PSE-EE, que lo hicieron de forma conjunta, también. Así que el proceso sigue adelante. El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos.
El contrato que se investiga fue firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto, concejal de Hacienda. Se trata de un alquiler a un precio muy superior al de compra. En concreto se cerró la operación con un coste de 7,6 millones de euros para el Ayuntamiento y con una cláusula penal incorporada para que en caso de rescisión se abonen otros 6 millones de euros. El contrato ya fue declarado por una comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento como “el peor contrato de la historia de la ciudad” por la sangría económica que supone para las arcas públicas.
El órgano fiscalizador ya impusó una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas.
El colectivo ADI! estudia recurrir a la vía penal
Por su parte, un colectivo anticorrupción estudia denunciar a Alonso y Maroto por “trato de favor” al empresario con el que firmaron dicho contrato de alquiler.
El colectivo anticorrupción ADI! ha advertido de la necesidad de “desenmascarar” al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por lo que ha anunciado que, al margen del juicio en el Tribunal de Cuentas, no descarta recurrir a la vía penal para esclarecer su presunto “trato de favor” a Gonzalo Antón.
El colectivo anticorrupción ha recordado que esto se debe a que el Tribunal de Cuentas “no va a entrar en el fondo de la cuestión” ni va a “poner en cuestión” la firma del referido contrato, sino que “se va limitar a resolver si una vez firmado el acuerdo de alquiler, el Ayuntamiento ha sido escrupuloso en los pagos de las rentas”. De todas formas, ha destacado que todos los indicios “apuntan que no ha sido así”.
Por todo ello, ha advertido de que no se “conformará” con esta investigación en el órgano fiscalizador del Estado. Esta asociación ha anunciado que pondrá todo su “empeño” en que se aclare este “trato de favor a un particular” que ha supuesto un “perjuicio” para el resto. “No descartamos ninguna vía para el esclarecimiento de los hechos y que sus responsables asuman lo que les corresponda”, ha avisado. ADI! ha recordado que la vía penal “no está ni mucho menos cerrada en este asunto”. Esto se debe a que aunque en su día la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava descartó entrar a estudiar este asunto, lo hizo porque ya estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, tal y como se apuntó desde el propio Ministerio Público, esto no implica que ante la eventual presentación de una denuncia penal fundamentada, no pueda a abrirse una investigación penal. “El camino no es fácil, pero a la sociedad civil sólo nos queda organizarnos y trabajar para desenmascarar a los políticos que entorpecen con medios públicos el control de su gestión por la ciudadanía”, ha afirmado esta asociación.
