La Fiscalía alerta del “escaso número” de casos de corrupción que llegan a juicio
La corrupción no marca la agenda en Euskadi aunque en los próximos meses se celebrará el juicio mercantil de Hiriko y también mayor juicio conocido en este ámbito, el del 'caso De Miguel' y aunque en los juzgados haya abiertas investigaciones por el fiasco de la planta de purines de Carranza, Epsilon, Hiriko y otros casos que no han trascendido hasta el momento. En la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2017 (con datos relativos a 2016), tampoco hay grandes referencias a este asunto, si bien sí se recoge una alarmante constatación: “Es escaso el número de estos delitos que llegan a una fase de calificación o juicio”.
¿Qué ocurre? La Fiscalía, que no cuenta con una unidad delegada de Anticorrupción, asegura textualmente que los posibles testigos “no suelen colaborar especialmente en la investigación”. Cita que en algunos casos ocurre por su condición de funcionarios y en otros “por no apreciar ventaja alguna en exponer la irregularidad”. También se apunta a que las condenas son más sencillas en otras instancias (en la jurisdicción mercantil, como en el 'caso Epsilon') o incluso en organismos como Competencia, como ocurrió con el fraude de los comedores escolares. Precisamente éste es uno de los casos citados en la memoria y que quedó en nada, como también la causa abierta contra los socialistas Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo por la contratación de las reformas de las sedes del PSE-EE a la constructora del primero, Escoiba.
La corrupción viene recogida en el apartado genérico de los “delitos contra la Administración pública”. En 2016 fueron 210 los “nuevos procedimientos” abiertos con esta etiqueta, 152 en Bizkaia, 33 en Álava y también 33 en Gipuzkoa. “Mantener el impulso procesal”, sostiene el ministerio público, “resulta excesivamente complicado” ya que en Euskadi los casos los asumen juzgados de instrucción saturados y “atareados con muchas otras competencias, no todas de la misma entidad”.
“Resulta imprescindible un conocimiento profundo de la materia económico-fiscal”, se puede leer también en la memoria, en este caso en el apartado relativo a la delincuencia económica. Además, la Fiscalía exige medidas para lograr la “efectiva reparación” del daño provocado por la corrupción y los delitos económicos, es decir, para recuperar el dinero desviado. Los culpables “recurren a maniobras de cambio y transformación de titularidades, utilización de testaferros, titulares ficticios y toda clase de medios para ocultar los bienes a la Hacienda pública o a los acreedores” y la Justicia ha de dotarse de instrumentos primero para localizar ese patrimonio y después para restituirlo.
Respecto a los casos abiertos o a las perspectivas de futuro, la memoria sólo hace referencia, a propuesta del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, a la preocupación existente en el territorio por las reiteradas irregularidades económicas en las juntas administrativas de los concejos, unas entidades locales propias de la provincia. No se menciona, por ser un hecho ocurrido en 2017, el juicio y posterior condena al 'alcalde' de Aretxabaleta, Miguel Acedo, por saquear las arcas del concejo. Pero sí se habla de “desviación indebida de fondos” por parte de los gestores (en plural) y que su actitud “daña el crédito de las Administraciones públicas”.
