La Fiscalía fija responsabilidades en la “trama” de exdirigentes del PNV para el cobro de comisiones
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, estrechará en pocas horas el cerco sobre las personas que van a ser juzgadas próximamente por su implicación en el 'caso De Miguel', la presunta “trama organizada en torno a Alfredo de Miguel” -entonces 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local-, junto a otros cargos públicos y militantes del PNV. El fiscal presentará su escrito de calificación este viernes en el que desgranará las responsabilidades penales de las personas que se sentarán en el banquillo por esta presunta trama de corrupción, después de que la Audiencia de Álava rechazara en octubre del año pasado los últimos recursos presentados por los acusados.
El juez instructor, Roberto Ramos, consideró “indiciariamente acreditado” que en este caso existió una “trama organizada en torno a Alfredo de Miguel”, quien con la ayuda de otros imputados, “lideró un entramado societario” dirigido a “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas” de “diferentes administraciones o entes gobernados por el PNV llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realizados”.
El juez también acreditó indiciariamente durante la instrucción que en algún caso se solicitó el “pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos diversos” y que también se pidieron u obtuvieron pagos en base a negocios o contratos “simulados” o “no ajustados a la realidad que supuestamente enmascaraban el pago de comisiones” desde una de las mercantiles a otras para que se impulsara, concretamente, la recalificación irregular detectada en Zambrana“.
La empresa matriz de la trama era supuestamente Kataia Consulting, aunque finalmente en la investigación acabaron aflorando hasta 25 sociedades más. La denunciante del caso fue Ainhoa Alberdi, que acudió en 2009 a la Fiscalía pertrechada de documentación y hasta 24 grabaciones en las que se detallaban cómo operaban los implicados en esta trama. Los delitos investigados durante la instrucción, iniciada en marzo de 2010 y que ha acumulado más de 21.000 folios, son, entre otros, los de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales. malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento público, contra la Hacienda Pública y alteración del precio de concursos.
Junto a De Miguel, el juez al finalizar la instrucción mantuvo los cargos, entre otros, contra Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; así como contra dos responsables del Gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), otros dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan). Por contra, al finalizar la instrucción exoneró de toda imputación a Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, y a Pablo Jesús Larrabide.
“Investigación indiscriminada”
Durante la instrucción del caso, por contra, no ha quedado acreditado que parte de esas supuestas comisiones ilegales fueran a parar a manos del partido. Se da la circunstancia de que la instrucción se cerró hace justo ahora un año, el 10 de marzo de 2015. El abogado defensor del principal acusado, Gonzalo Susaeta, pidió la nulidad de todo lo instruido hasta entonces al entender que se había producido “una investigación indiscriminada, a la búsqueda de hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación”, en lugar de ceñirse a comprobar los hechos que denunció inicialmente la Fiscalía. Pero no tuvo éxito. Y tampoco tuvieron éxito los demás encausados que recurrieron la decisión del juez instructor de cerrar la investigación y sentarles en el banquillo de los acusados.
El pasado 28 de octubre, la Audiencia Provincial de Álava rechazó los recursos de apelación de los 26 imputados en este caso de corrupción, que investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por exdirigentes y cargos del PNV en Álava. Tras el rechazo de la Audiencia, la causa volvió a manos del juez instructor, quien pidió a las partes que formularan los escritos de acusación o, en su caso, reclamaran el sobreseimiento del proceso.
La causa afecta a 26 personas, una veintena de ellas relacionadas directamente con el PNV. Se trata de Justina Angulo, Alfonso Arriola, Estíbaliz Arruti, Jesús José Arruti, Jesús Arruti, Araceli Bajo, Miren Lourdes Bilbao, Ainhoa Bilbao, Plácido Casas, Aintzane de Miguel, Alfredo de Miguel, Jon Iñaki Echaburu, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Sergio Fernández Oleaga, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Prudencio Hierro, Gurutz Larrañaga, Josu Montes, Luis Felipe Ochandiano, Joaquín Sabater, Iñaki San Juan, Julián Andrés Sánchez Alegría, Francisco Javier Sánchez Robles, Aitor Telleria y Ramón Tomás Riba. De todos ellos, 20 están o estaban entonces ligados al PNV, bien como dirigentes como Alfredo De Miguel, Txitxo, como cargos públicos o como afiliados de base del partido.
