La Fiscalía vira con los purines y defiende la absolución de los implicados en la causa mercantil
La fiscal Ane Otegi ha virado su posicionamiento jurídico en la pieza mercantil en torno al fiasco de la planta de purines del valle de Carranza, que se tragó unos 10 millones de euros en ayudas públicas. De defender hace unos meses una condena para el grupo de promotores del proyecto como responsables de la quiebra de la sociedad Karrantzako Minda, encabezados por el excargo del Gobierno vasco Martín Ascacíbar, ha pasado a “oponerse” frontalmente a los recursos presentados tanto por el Estado como por la administración concursal contra la absolución decretada por la juez en primera instancia en una polémica sentencia.
La Fiscalía conformó con la abogada del Estado, Macarena Olona, con el administrador Leopoldo López y con el Ayuntamiento del municipio un frente común en el que se solicitaba la “culpabilidad” de los impulsores del proyecto de Karrantzako Minda, que en la vía mercantil se traducía en la devolución del dinero adeudado a los acreedores, principalmente las distintas Administraciones. Tras la absolución de los encausados, el Estado decidió mantener la batalla jurídica como también la administración concursal, mientras el Ayuntamiento se inhibió por falta de recursos económicos.
El Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, igualmente personadas en la causa, optaron por quedarse de perfil y dar por buena la sentencia, pero la fiscal Otegi ha dado un paso más y ha manifestado su “oposición” a los recursos. Argumenta, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que el fallo en primera instancia de la magistrada Olga Ahedo incluye una “correcta valoración” de los hechos dados a conocer en el juicio. “Se considera que la juzgadora ha verificado una correcta valoración de la prueba al corresponderse con la practicada en la instancia, que aprecia de manera conjunta, constando suficientemente expresada en la resolución sin que resulte arbitraria, incongruente o infundada”, señala la fiscal.
Este periódico ha tratado sin éxito de contactar con la Fiscalía de Bizkaia para conocer con más detalles este cambio jurídico. Otras partes personadas en el procedimiento sí han manifestado su contrariedad por este escrito.
En paralelo a la pieza mercantil, el caso de los purines se ventila también en la vía penal. Ya han declarado como investigados Ascacíbar y otros imputados y la próxima semana continuarán las comparecencias, entre ellos Alejandro López Cárcamo, actualmente director de Industria en el Gobierno vasco.
