La Fiscalía da carpetazo definitivo a la investigación sobre la incineradora de Gipuzkoa

El fiscal superior del País Vasco ha cerrado definitivamente la investigación que tenía abierta sobre las posibles “responsabilidades civiles y/o penales” por parte de los gestores del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK), controlada entonces por EH Bildu, en relación con la incineradora de Zubieta y el supuesto quebranto económico para el erario público mientras la Diputación estaba en manos de la coalición independentista y dirigida por el diputado Martín Garitano.

Con todo, Carlparsoro, en su decreto de archivo, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, reconoce que ha habido un “perjuicio patrimonial” para el erario público por la actuación de los gestores de la coalición independentista e indica que su “reclamación corresponde a la Diputación de Gipuzkoa”.

Durante la anterior etapa, los responsables de EH Bildu paralizaron la construcción de la incineradora -que ahora se ha vuelto a poner en marcha, tras la vuelta al Gobierno de la diputación del PNV y PSE- y los detractores de esa decisión han acusado desde entonces a los gestores soberanistas en Gipuzkoa de haber ocasionado con esa política un “quebranto económico” a las arcas públicas del territorio.

Ante la “temeraria” gestión del consorcio (GHK), el socialista Denis Itxaso -ahora diputado de Cultura de Gipuzkoa y entonces presidente de la Mancomunidad de San Marcos- solicitó la reapertura de las diligencias iniciadas de oficio por el fiscal en julio de 2013 y archivadas provisionalmente seis meses después.

En un decreto del fiscal superior del pasado 15 de septiembre, Juan Calparsoro asegura que “tras analizar la nuevas pruebas y demás diligencias practicadas” durante los últimos meses, “no se han acreditado elementos necesarios para el ejercicio de acciones penales, sin perjuicio de más pruebas que en el futuro puedan obtenerse”. “Para hablar de delito”, explica Calparsoro, “se exige una actuación claramente arbitraria y carente del más mínimo fundamento, con desviación de los fines a los que sirven las administraciones públicas”. Algo que el fiscal no ve en este caso.

El fiscal descarta también el delito de “prevaricación admnistrativa”. El fiscal tampoco aprecia una “intención deliberada y plena conciencia de ilegalidad del acto realizado”, ni la existencia de dolo alguno. Ni tampoco que haya una “contradicción patente, notorio e incuestionable” con el ordenamiento jurídico o que en la resolución dictada por los gestores de EH Bildu “lo sea sin cumplir lo que legalmente esté preceptuado con carácter esencial”.

Pero queda la responsabilidad civil. El fiscal no cierra la puerta a la existencia de un “perjuicio patrimonial” que, en todo caso, precisa, la reclamación deberá ser ejercitada por la institución foral. En materia de responsabilidades civiles por “indemnizaciones de daños y perjuicios exigibles a los responsables de la paralización de la infraestructura o a los que licitaron y celebraron los contratos con las empresas constructoras que posteriormente se paralizaron y con los bancos para la obtención de los créditos que luego no se utilizaron, o ambos. corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa su reclamación, al ser la perjudicada patrimonial”, apunta en su decreto de archivo.

Un juez rechaza la demanda contra los bancos

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decidió reabrir la investigación que él mismo inicio de oficio el 18 de julio de 2013 en relación con las implicaciones de la nueva política sobre los residuos de las autoridades de Bildu en Gipuzkoa y sus implicaciones para el erario público. La decisión de un juzgado de rechazar la demanda contra los bancos con los que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) cerró la financiación para construir las incinerado en Zubieta -infraestructura desechada por Bildu al llegar al Gobierno- ha sido el motivo principal de que Calparsoro haya decidido poner la lupa de nuevo sobre este caso.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián desestimó a principios de 2015 la demanda que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) interpuso contra La Caixa, el Santander y la consultora Price WaterHouse Coopers Corporate Finance porque consideraba que estas entidades bancarias hacían un “uso abusivo” de los contratos de cobertura de tipo de interés ('swaps') de los créditos para financiar la incineradora, aprobados en la pasada legislatura. Al abrir la primera investigación, el fiscal valoró, entre otras cosas, el “coste económico para las arcas públicas pues deben pagarse las indemnizaciones a las empresas contratadas”, en alusión a las empresas adjudicatarias para construir la incineradora -rescisión de contratos que ya supuso el pago de más de 8 millones de euros de dinero público-. Calparsoro, en su primer decreto de archivo del 17 de enero de 2014, ya apuntó que, pese a la decisión de no construir las incineradora, “deben pagarse los intereses de los préstamos y créditos obtenidos de las entidades financieras”. Solo en concepto de intereses, mensualmente se destinan 600.000 euros, según datos del propio consorcio.

'Swaps tóxicos'

Pese a la entonces sentencia favorable a los bancos -lo que implica que Gipuzkoa tenía que seguir pagando unos 'swap tóxicos' que siempre ha considerado “abusivos”- el consorcio, entonces en manos de EH Bildu, destacó que Gipuzkoa se iba a “ahorrar un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”.

Con la llegada a la Diputación, hace poco más de un año, del PNV y PSE-EE, el nuevo equipo gestor aprobó a finales de julio pasado la licitación de las obras de la incineradora, con una inversión de 220 millones de euros con un sistema público privado “necesario” porque GHK arrastra unas pérdidas por la “desastrosa gestión de Bildu superior a los 40 millones de euros”, lo que hace “implanteable” soportar el peso de la inversión en capital público, según destacó en una entrevista en este periódico el diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio.

En la citada entrevista, Asensio apuntó que la paralización de la construcción de la incineradora, decidida por EH Bildu en 2011 cuando llegó al gobierno en la Diputación, está cifrada en “más de 40 millones”. Y, además aseguró entonces que “por dar una cifra que es incuestionable por nadie recordaré que Bildu recibe GHK en números negros y lo deja, cuatro años después con 40,7 millones de números rojos, pérdidas vaya. Son sus propias cuentas. Es es la situación heredada”.