Fiscalía pide casi 55 años de cárcel para el exdirigente de PNV Alfredo de Miguel por diversos delitos de corrupción

La Fiscalía Provincial de Álava solicita una condena de casi 55 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para el ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, al que considera el “dirigente” de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas. El fiscal entiende que De Miguel, acusado por este caso junto a otros exresponsables del PNV, “aprovechó sus responsabilidades políticas” para impulsar esta presunta red de corrupción.

El escrito de acusación del Ministerio Público implica en esta causa a un total de 26 personas para las que solicita apertura de juicio oral y a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, constata en su escrito que De Miguel “ideó la creación”, en una fecha indeterminada anterior a 2005, de “un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo”.

El plan para llevar a cabo estas actuaciones --explica el escrito Ministerio Público-- “fue acordado” por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

“ENRIQUECIMIENTO PERSONAL”

De Miguel, según el fiscal, “aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades”, utilizó este entramado “para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas”.

La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV”.

MULTA MILLONARIA

Estas contrataciones se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente 'jeltzale', como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel “mantenía relación o vinculación de una u otra manera”. A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero “por trabajos que nunca fueron realmente hechos”.

La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias

La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros.

En el caso de Aitor Telleria, el fiscal pide una condena de 32 años de cárcel y una fianza de tres millones de euros, mientras que para Koldo Ochandiano solicita 32 años y una fianza de un millón de euros.

RAMIFICACIONES

La actividad de esta supuesta trama se divide en numerosas ramificaciones. Una de ellas es la que afecta a la adjudicación de contratos y servicios por parte del Parque Tecnológico de Álava

El auto también relata las presuntas irregularidades en la tramitación del expediente para la modificación del planeamiento del Ayuntamiento alavés de Zambrana para la creación de suelo industrial. Esta modificación propuesta por el Ayuntamiento --gobernado por el PNV-- podría haber resultado contraria a los instrumentos de ordenación de Álava, según el fiscal.

Otra de las ramificaciones de este complejo caso es el de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco a las firmas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Estas adjudicaciones se realizaron entre 2006 y 2008 y su cuantía global superó los 300.000 euros.

En esta causa, iniciada en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria a la que se habría solicitado el pago de comisiones ilegales para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), están imputadas 26 personas, entre responsables de la presunta trama, intermediarios y empresarios. La mayor parte de ellas relacionadas con el PNV o que, incluso, como en los mencionados casos, ocuparon puestos de responsabilidad en este partido.

IMPUTADOS

Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría

También están imputados Maria Justina Angulo, Alfonso Arriola, Jesús José Arruti, Estíbaliz Arruti, Josu Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placid Casas, Aintzane de Miguel, Gorka Errasti, Iñaki Etxaburu, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu, Prudencio del Hierro, Josu Montes, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan y Ramón Tomas i Riba.

El fiscal detalla que los implicados en esta presunta red corrupta se dedicaban a “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV”.

CONTRATOS “SIMULADOS”

También se habrían dedicado a solicitar y obtener pagos “con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad, enmascarando el pago de comisiones abonadas por empresas creadas por la trama específicamente para ello”.

Las actividades del entramado se habrían llevado a cabo con sus integrantes “actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración”. La red, tal y como indica el fiscal, se caracterizaba “por la extensa relación de personas, tanto con cargos o

responsabilidades públicas como sin ellos, que participaron en la estrategia diseñada, así como por las diversas entidades públicas afectadas por las conductas investigadas“.

EMPRESAS “PANTALLA”

El Ministerio Público considera que para la comisión de los hechos “se crearon y/o utilizaron diversas entidades mercantiles o empresas que fueron constituidas precisamente para ello o utilizadas en la ejecución del plan”.

Estas empresas, en la mayoría de los casos, “carecían de actividad económica, experiencia, conocimientos o infraestructura para realizar los supuestos trabajos que les fueron encargados”, por lo que la Fiscalía las califica de “empresas pantalla” dedicadas a “canalizar

el cobro de supuestas comisiones o a percibir cantidades ilícitamente percibidas por trabajos que, en variadas ocasiones, no fueron

materialmente realizados“.