La Fiscalía pone de nuevo la lupa sobre la incineradora de Gipuzkoa
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido reabrir la investigación que él mismo inicio de oficio el 18 de julio de 2013 en relación con las implicaciones de la nueva política sobre los residuos de las autoridades de Bildu en Gipuzkoa y sus implicaciones para el erario público. La decisión de un juzgado de rechazar la demanda contra los bancos con los que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) cerró la financiación para construir las incinerado en Zubieta -infraestructura desechada por Bildu al llegar al Gobierno- ha sido el motivo principal de que Calparsoro haya decidido poner la lupa de nuevo sobre este caso. La UE, además, mantiene abierta una investigación sobre la política de residuos de Bildu en Gipuzkoa.
No está cifrado aun el costo de los intereses que la ciudadanía guipuzcoana va a tener que seguir pagando, pero el propio consorcio en algún momento ha llegado a estimarlo en unos 68 millones de euros. Los intereses mensuales por este concepto suman 600.000 euros, según datos del propio consorcio.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián ha desestimado la demanda que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) interpuso contra La Caixa, el Santander y la consultora Price WaterHouse Coopers Corporate Finance porque consideraba que estas entidades bancarias hacían un “uso abusivo” de los contratos de cobertura de tipo de interés ('swaps') de los créditos para financiar la incineradora, aprobados en la pasada legislatura. Ante la “temeraria” gestión del consorcio (GHK), el socialista Denis Itxaso había solicitado la reapertura de las diligencias iniciadas de oficio por el fiscal en julio de 2013 y archivadas provisionalmente seis meses después.
“Nuevos elementos de prueba”
Al abrir la primera investigación el pasado año, el fiscal valoró, entre otras cosas, el “coste económico para las arcas públicas pues deben pagarse las indemnizaciones a las empresas contratadas”, en alusión a las empresas adjudicatarias para construir la incineradora -rescisión de contratos que ya supuso el pago de más de 8 millones de euros de dinero público-. Calparsoro, en su decreto de archivo del 17 de enero de 2014, ya apuntó que pese a la decisión de no construir las incineradora “deben pagarse los intereses de los préstamos y créditos obtenidos de las entidades financieras”.
Calparsoro dice que el supuesto más grave de la paralización de la planta de Zubieta sería prevaricación o malversación
la Fiscalía cree que la paralización de la construcción de la incineradora es un hecho que, “desde la perspectiva del principio de legalidad y del interés social, merece un estudio, un análisis y una valoración”.
(c) 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
Calparsoro dice que el supuesto más grave de la paralización de la planta de Zubieta sería prevaricación o malversación
la Fiscalía cree que la paralización de la construcción de la incineradora es un hecho que, “desde la perspectiva del principio de legalidad y del interés social, merece un estudio, un análisis y una valoración”.
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Pese a la sentencia favorable a los bancos -lo que implica que Gipuzkoa tendrá que seguir pagando unos 'swap' que siempre ha cosiderado “abusivos”- el consorcio ha destacado esta semana que Gipuzkoa se va a “ahorrar un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”.
Pero el fiscal superior, al archivar el caso, dejó abierta la posibilidad de reabrirlo de nuevo. “En caso de conocerse nuevos elementos de prueba o producirse nuevos hechos (incluido el resultado de la demanda civil en solicitud de nulidad de los créditos contratados con los bancos privados), así como el importe final de las indemnizaciones e intereses a satisfacer por las árcas públicas, y en definitiva por los ciudadanos de ese territorio histórico, se pueden reabrir estas diligencias para reanudar las investigaciones o interponer las correspondientes acciones jurisdiccionales públicas en defensa el interés social y con sujeción en todo caso a los principios de legalidad e imparcialidad”. Entre otras cosas el fiscal tiene inicialmente intención de leer con detenimiento la resolución judicial, de 95 folios de extensión.
