La Fiscalía investiga posibles delitos societarios en el 'caso Kutxabank'
El 'caso Kutxabank' -la denuncia elevada a la Fiscalía de Bizkaia por el banco vasco contra su anterior presidente Mario Fernández por supuestas “irregularidades” en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabajaba el ex dirigente socialista Mikel Cabieces- tiene dos vertientes. La judicial y la política. Ambas se entremezclan, pero para la fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, lo fundamental es investigar si en esa relación se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.
Esto es lo que investiga la fiscal, según fuentes del ministerio público. Y para determinar los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxaban, con Gregorio Villalabeitia a la cabeza- serán fundamentales las dos declaraciones que se van a producir en Palacio de Justicia bilbaíno este viernes. En el marco de las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de Bizkaia, Carmen Adán interrogará a Mikel Cabieces y al propio Mario Fernández.
Los delitos societarios está incluidos en el Código Penal. “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Este es uno de los artículos del Código Penal que tipifica estas conductas.
¿En qué se va a fijar en la declaración la fiscal jefe? En el tipo de relación contractual existente entre el despacho para el que desarrollaba sus servicios Cabieces -Alcorta y Asociados, que dirige Rafa Alcorta- y Kutxabank. La relación entre el banco vasco y este despacho de abogados laboralista es histórica. El expresidente del banco y el exdirigente del PSE deberán probar que la prestación de servicios acordada por la entidad a través del bufete para el que trabajaba Cabieces era real y evitar así que la fiscalía eleve la denuncia a los tribunales por un delito societario.
¿Ha existido quebranto para Kutxabank? Esto es algo que también tendrá que determinar la fiscal jefe. En principio, la relación contractual entre Kutxabank y el despacho sirvió, presuntamente, para que el exdirigente socialista y exdelegado del Gobierno cobrará unos 6.000 euros al mes. Mario Fernández, al ser informado de las “irregularidades” detectadas en la entidad en ese contrato a través de una auditoría interna optó por devolver la cantidad concreta cifrada por Kutxabank en 243.592 euros.
Quebranto económico para Kutxabank
Con la devolución de ese dinero, Mario Fernández pretende limitar precisamente ese posible quebranto para la entidad que dirigía hasta finales de noviembre pasado. Pero fuentes de la fiscalía vasca consultadas por eldiarionorte.es cuestionan que la mera devolución del dinero borre el quebranto. “En todo caso, si finalmente el caso llega a los tribunales se puede considerar como una atenuante”, sostienen las mismas fuentes, que en ningún caso prejuzgan el resultado de la incipiente investigación, abierta en tiempo récord por la Fiscalía. La denuncia se trasladó el pasado viernes y la Fiscalía incoó diligencias de manera inmediata. La Fiscalía tiene seis meses, prorrogables otros seis más, para determinar si existe causa penal, qué tipos delictivos existen y contra quién hay que dirigir la acusación.
La otra vertiente del caso está relacionada con las implicaciones políticas del caso, que de momento le han costado el puesto de dirigente a Cabieces en el PSE y su baja como militante del partido. La pregunta que también puede incluir en su cuestionario la fiscal es si la decisión de aumentar el costo del contrato que Kutxabank tenía con el bufete obedece a un acuerdo político previo para asegurar unos ingresos mensuales al exdelegado del Gobierno tras su cese. Cabieces abandonó el cargo de delegado del Gobierno después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, tras la victoria del PP. Cabieces comenzó a prestar sus servicios para el citado bufete en el primer trimestre de 2012. Durante el tiempo que ha durado la prestación de servicios de Cabieces para el citado despacho de abogados, el exdirigente ha trabajado en los juzgados bilbaínos, según diversas fuentes consultadas por este diario. Esta será una de las líneas de defensa que empleará Cabieces ante la Fiscalía.
Junto a estas declaraciones, la fiscal analizará la información que le debe remitir el responsable de Recursos Humanos, Fernando López de Eguilaz, que ya ha declarado en la causa el pasado miércoles. La fiscal ha solicitado a Kutxabank que le remita el contrato de prestación de servicios con el despacho de Rafa Alcorta y las posibles variaciones que se hayan producido a lo largo del tiempo. El Consejo de Kutxabank ha celebrado este jueves su primera reunión después de que el banco destapara las “irregularidades” y las enviara a la Fiscalía, tal y como le ordenó el Banco Central Europeo a Villalabeitia al informar de los hallado en la auditoría interna. Aunque el tema no figuraba en el orden del día, según han confirmado fuentes de la entidad, el asunto se ha abordado, dada la trascendencia que el tema ha tenido en la política vascas. La preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la marca Kutxabank preocupa a los responsables del banco vasco.
