La Fiscalía investiga malversación y fraude en un museo público del txakoli sin abrirse
La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación sobre el alcalde de Bakio, Aitor Apraiz (PNV) y cuatro empresas por presuntos delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Las indagaciones se centran en un proyecto de un museo del txakoli, Txakoligune, por el que se han pagado más de medio millón de euros sin que se haya puesto en marcha.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado a este diario que la investigación está ya en marcha tras la denuncia presentada el 27 de enero por el grupo municipal de Bildu en Bakio. En ella se acusa al alcalde de malversación por el pago de más de 497.000 euros sin que las obras hayan concluido; de fraude al aumentar el presupuesto inicial en más de 40.000 euros; tráfico de influencias, en base a la adjudicación de una obra nueva por 60.000 euros, que ha elevado el presupuesto hasta casi 560.000 euros ; y alteración de precios por irregularidades en la adjudicación.
El proyecto del llamado Txakoligune se remonta a 2007 cuando se proyectó construir un edificio que fuera un museo del txakoli, en una localidad donde hay tres bodegas con denominación de origen “Bizkaiko Txakolina”. El proyecto se glosaba entonces por el ayuntamiento, gobernado por el PNV, como“ un indiscutible foco de atractivo turístico para la localidad y sus alrededores”.
El edificio quedó concluido en 2012, tras un coste de 5 millones de euros, sufragados casi exclusivamente por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Aportó 4,6 millones, gran parte de ellos fruto de la negociación con el PNV para la aprobación de los presupuestos del Estado, y el resto con ayudas del Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia. En 2012 se sacó a licitación el proyecto interior de las instalaciones y del museo en sí. Hubo 11 empresas que se presentaron y ganó una UTE formada por las empresas Baleuko, Play Media Motion Graphics y Telesonic, pero por tan solo 0,042 puntos (entre 100) sobre el segundo, NM Creaciones. Los perdedores recurrieron pero solo tres meses después retiraron su demanda al suscribir un contrato con la UTE que les subcontrataba obras por más de 100.000 euros.
En abril de 2013 se firmó el contrato entre el alcalde y los ganadores por 453.000 euros pero solo un mes después, un decreto de alcaldía aprobó un sobrecoste de casi 60.000 euros para hacer un punto de venta de txakoli, adjudicada a la empresa NM creaciones, según consta en la documentación que investiga la Fiscalía. Y al mes siguiente, se aumentó en más de 40.000 euros el contrato de 453.000 euros.
En la denuncia, se asegura que la subcontratación realizada contraviene la Ley de Contratos Públicos, puesto que el pliego no hace referencia a esa posibilidad. Sobre el sobrecoste, el informe del técnico municipal que lo avaló está fechado 24 días antes de que la propia UTE adjudicataria pidiera la modificación del contrato “lo que demostraría la connivencia entre el Ayuntamiento y la UTE”.
Instalación desmantelada
Además, el Ayuntamiento, en julio de 2013, aprobó el pago de los casi medio millón de euros por el museo sin que las obras estén concluidas y, de hecho, el edificio permanece cerrado casi siete meses después. La razón ha sido que los adjudicatarios no pagaron los más de 100.000 euros acordados con NM Creaciones y, entonces, los trabajadores de esta empresa desmantelaron parte de la instalación.
El alcalde de Bakio ha asegurado, cuando salieron a la luz pública estas presuntas irregularidades, que se ha cumplido la normativa.
Bakio ya vivió la pasada legislatura varios casos de irregularidades urbanísticas que acabaron en los tribunales. El más importante fue el proyecto de 436 pisos, con la posible inclusión de un campo de golf, en el área de Ohija, un espacio privilegiado con vistas al mar. Pero se ubica a escasa distancia del biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño) de San Juan de Gaztelugatxe. La oposición vecinal consiguió frenar el proyecto.
Este municipio es el más endeudado de Bizkaia, con casi 2.000 euros por habitante, y ahora adeuda más de 6,4 millones de euros. Cinco de ellos se han incluido en un plan especial de la Diputación vizcaína, con el compromiso de pago durante los próximos 15 años.
