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La Fiscalía denunciará a los socialistas Prieto y García Hidalgo por estafa y falsedad documental
La Fiscalía del País Vasco denunciará al parlamentario y exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y al dirigente socialista y exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental en el pago de unas obras en varias sedes del PSE en Álava.
La decisión ha sido adoptada este miércoles por unanimidad de la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.
De esa forma, la Fiscalía ha acordado interponer una denuncia contra Prieto y García Hidalgo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Esta medida ha sido adoptada en el curso de las diligencias de investigación 10/2015, seguidas por presuntos delitos de estafa y de falsedad documental en relación al pago de obras en algunas sedes del PSE-EE en Álava.
Denuncia anónima
El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a una constructora vinculada a Prieto.
La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos.
Explicaciones de Prieto
Tras conocerse aquella denuncia inicial, Prieto afirmó que el PSE de Álava había contratado obras en distintas sedes con esta misma empresa (Escoiba), aunque también con otras compañías. Además, aseguró que los contratos “se han hecho siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad”. El exlider del PSE de Álava aseguró que las obras son “todas ellas son demostrables y absolutamente comprobables”.
Prieto explicó que su vinculación laboral con Escoiba, que gestionaba junto a otro socio, se prolongó desde 1992 hasta 2012, año en el que cesó su actividad. Además, aseguró que su actividad política “profesional” comenzó en 2009, por lo que “hubo un pequeño periodo de solapamiento en el que se cruzan ambas actividades”.
No obstante, aseguró que desde la mencionada empresa se trabajaba en contrataciones con el PSE “desde antes” y “con toda normalidad”, como otros “afiliados que tenían actividades que eran requeridas por el PSE”.
El dirigente socialista atribuyó la decisión de contratar obras con empresas vinculadas a cargos del partido a la “confianza”, dado que se trataba de unos trabajos sensibles que afectaban a la seguridad de las sedes. Además, recordó que tanto la empresa como el PSE son entidades “de carácter privado” y, por tanto, “perfectamente podían contratar” entre ambas.
Ética
Al ser preguntado sobre si consideraba ético que el PSE de Álava contratara con una empresa vinculada a su líder, afirmó que lo que no le parece ético es “que hayamos tenido que estar en plena democracia trabajando por la seguridad de nuestras sedes, porque las atacaban y porque permanentemente había que proceder a una renovación”.
Respecto a las ayudas que se hayan podido percibir por parte del Ministerio de Interior para realizar las obras de seguridad, indicó que su antigua empresa no recibió “adjudicaciones”, sino que el PSE “recibió unos recursos para hacer obras, y esas obras se les ha dado a muchas empresas”.
Por su parte, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, aseguró el pasado mes de abril que no hay “absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación de obras de la empresa Escoiba. Asimismo, manifestó que el parlamentario alavés “no ocupa ningún cargo” en el partido en la actualidad, pero tampoco ve “ninguna razón” para apartarle de su escaño en la Cámara autonómica.