El Gobierno de Urkullu eludió realizar una auditoría exhaustiva de Fagor Electrodomésticos
El Gobierno de Urkullu no acometió una auditoria exhaustiva de Fagor Electrodomésticos, como se suele realizar en la concesión de fondos con dinero público. El Ejecutivo vasco aprobó las ayudas de 40 millones de euros (a través de créditos participativos que suponen la entrada en el capital de la empresa para un tiempo determinado) sin realizar la llamada “due diligence”, que no es una auditoría contable al uso sino que aborda también las cuestiones normativas e incluso medioambientales de una empresa que refleja la foto fiel de la compañía. En ese informe se analizan todos los riesgos e incluso se pacta la rentabilidad que obtendrá la institución o entidad privada que entra en las ayudas a la em presa.
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, no contestó ayer, en la rueda de prensa del consejo de gobierno, si se había realizado ese informe y únicamente señaló que se hizo una “valoración de riesgos”.
Como ha informado El Diario Norte, la operación se materializó las pasadas navidades a través de los fondos Ekarpen (30 millones) y Socade (10 millones), tras la petición desesperada de Fagor Electrodomésticos para hacer frente a gastos que consideraba ineludibles: una deuda de seis millones de euros por la fábrica de Polonia y otros diez millones de euros correspondientes a los intereses de las denominadas subordinadas, los productos financieros comercializados por Fagor que, junto a los de Eroski, tienen en vilo a 40.000 familias en Euskadi. Los 40 millones, destinados para un plan de viabilidad, se dedicaron a tapar las deudas cuando el Gobierno vasco era consciente de que una parte importante se iba a destinar a cubrir su agujero económico en vez de acometer el plan de viabilidad.
En la operación de Fagor Electrodomésticos, el Gobierno no podía otorgar ninguna ayuda o subvención directa a la empresa, puesto que se trataría de una ayuda de Estado a una empresa en crisis. Por ello, decidió recurrir a los fondos de capital riesgo (que supone la entrada en el accionariado de la compañía con una fecha de salida concreta) que tiene el Ejecutivo, que son básicamente los fondos Ekarpen y Socade. El primero tiene la participación de Kutxabank (50%), el Gobierno vasco (35%) y el 15% restante, las tres diputaciones, mientras que en el de Socade la mayoría es del Ejecutivo vasco y participan también las diputaciones.
Las ayudas a través de estos fondos tienen que ser en forma de capital o créditos participativos y en ambos se ha requerido hasta ahora un informe exhaustivo, la llamada due diligence, en la que incluso se define la rentabilidad que tienen que obtener los inversores por su entrada en la empresa. Por ello, se requiere un mínimo de seis meses para su elaboración y aprobación. En la operación de Fagor Electrodomésticos, el visto bueno se dio en apenas tres semanas, desde que a finales de diciembre los directivos de la cooperativa plantearon su grave situación hasta la aprobación del fondo a principios de enero. En el caso de Ekarpen, según fuentes del sector consultadas, la entrada en una empresa se realiza “si se ve que va a ser una empresa rentable”.
