El Gobierno no aclara por qué dio 40 millones a Fagor de manera irregular
Con el mantra de que “el riesgo de no hacer nada” era más elevado que el de conceder las ayudas, la consejera de Desarrollo y Competitividad, Arantza Tapia, ha tratado de quitarse de encima la responsabilidad del Gobierno en la concesión irregular de los 40 millones de euros a Fagor Electrodomésticos en enero del año pasado. El Ejecutivo vasco desvió esos 40 millones de euros de ayudas públicas a Fagor Electrodomésticos cuando era consciente de que una parte importante se iba a destinar a cubrir sus deudas en vez de acometer el plan de viabilidad. Es decir, no actuó como se había hecho en anteriores operaciones de ayudas a empresas, en las que primero se obligaba a poner en marcha los planes de reestructuración o viabilidad y posteriormente se concedían las subvenciones públicas. Además, el tiempo en que se materializó la ayuda, apenas tres semanas, supuso un récord en este tipo de operaciones, que habitualmente llevan meses de estudios.
Tapia ha comparecido ante el Parlamento para explicar la participación y motivación del Ejecutivo en la operación, pero no ha convencido a ningún partido de la oposición. Más bien, lo que ha recabado son reproches de todos los partidos. El socialista, Vicente Reyes, fue el más crítico con la gestión de Tapia y del conjunto del Gobierno en la operación Fagor Electrodomésticos. “Seguro que lo hicieron con buena intención, pero actuaron de manera inocente y sin evaluar los riesgos que se corría. La consecuencia ha sido la dilapidación del dinero público”.
La operación se materializó durante las navidades de 2013, tras la petición desesperada de la dirección de la cooperativa para hacer frente a dos gastos que Fagor Electrodomésticos consideraba ineludibles: una deuda de seis millones de euros por la fábrica de Polonia y otros diez millones de euros correspondientes a los intereses de las denominadas subordinadas, los productos financieros comercializados por Fagor que, junto a los de Eroski, tienen en vilo a 40.000 familias en Euskadi.
Fondo Ekarpen
En apenas tres semanas, el Gobierno vasco activó una ayuda de 30 millones a través del fondo Ekarpen, controlada mayoritariamente por Kutxabank y con el resto de participación pública: el Ejecutivo, un 28%; y el 12% restante, las tres diputaciones. En todas las operaciones de capital riesgo con dinero público realizadas en los últimos años, suelen transcurrir una media de cinco o seis meses (en algunos casos llega a un plazo de un año) desde la petición de ayuda de la empresa hasta la aprobación y la concesión. Con relación a esta celeridad, la consejera se limitó a reiterar que era más peligroso quedarse sin hacer nada. A los 30 millones de Ekarpen se sumaron posteriormente otros 10 millones del fondo Socade, controlado directamente por el Gobierno y aprobado también de forma rápida.
Aunque el consejo de Administración de Ekarpen tomó la decisión por unanimidad, la consejera admitió que en el debate hubo “pros y contras”. Kutxabank fue una de las esntidades que más pegas puso, pero finalmente tuvo que acceder. “El Gobierno era consciente”, recalcó Tapia, “de que se trataba de una inversión de riesgo, pero había muchos empleos en juego, tanto directos como indirectos. A toro pasado es fácil decir lo que no se hizo bien, pero nadie podía prever que la tensión de tesorería fuera tan fuerte como para no dejar poner en marcha el plan industrial”.
