Admitida a trámite la demanda por las informaciones pagadas al Grupo Noticias
El caso de las informaciones pagadas a medios afines al Gobierno ya es una investigación judicial en toda regla. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a tramite la denuncia presentada por UPyD contra el Gobierno vasco por la “compra de noticias” al Grupo Noticias, según ha informado la propia formación. La juez que instruirá la causa entiende que los hechos pueden constituir un “posible delito de malversación, fraude a las administraciones públicas y prevaricación”.
La instructora de la causa, la magistrada Beatriz Eva Roman, en un auto fechado el pasado 29 de julio, ha iniciado la investigación al incoar diligencias previas en relación con la comisión de los posibles delitos recogidos en la demanda presentada por la formación que lidera en Euskadi el parlamentario Gorka Maneiro.
El propio Maneiro y el secretario general de este grupo en el Congreso, Andrés Herzog, redactor de la demanda presentada el pasado 14 de julio, han difundido la información en una rueda de prensa.
En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la jueza instructora ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte, se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos todos de 2013. En el caso de la consejería de Jon Darpón, la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del diario Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.
“Fraude político monumental”
Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”.
Al presentar la demanda en los juzgados de Vitoria, Maneiro consideró al Gobierno vasco y al propio lehendakari como los responsables de “esta vulneración evidente de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Euskadi” que según ha defendido “han cometido un fraude político monumental y delitos jurídicos que están perfectamente tipificados”.
