El Gobierno trata de desmontar en el juicio el fraude en las dietas de la Ertzaintza
El Tribunal de Cuentas del Estado ha celebrado este jueves en Madrid el juicio contable contra dos altos cargos del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino –que no ha comparecido-, que afrontan la posible devolución de 2,2 millones de euros por pagos aparentemente indebidos de dietas de viajes y comidas a los mandos de la Ertzaintza. Los letrados del Ejecutivo, que actúan como defensa de las demandadas y no como acusación, han entregado un informe de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco que rebate otro de la Intervención General del Estado y que sostiene que las dos directoras han abonado las dietas de acuerdo a la normativa vigente y que estima ue aunque existen deficiencias en ese sistema de indemnizaciones por razón de servicio, éstas ya se están corrigiendo.
El escándalo de las dietas percibidas por los mandos de la Ertzaintza es una auténtica bomba de relojería en el seno de la institución. El caso fue denunciado por el sindicato Sipe tanto ante el Tribunal de Cuentas como en la justicia ordinaria, que mantiene abierta una investigación penal en la que está imputada Arias y, desde hace unos días, otro director del Gobierno y más de dos docenas de mandos policiales que cobraron las dietas, según informó ‘El Correo’.
El Sipe sostiene que las dietas se convirtieron durante años en sobresueldos opacos a Hacienda para los integrantes de las escalas superior y ejecutiva de la Policía vasca. Es una denuncia que ha ratificado la auditoría de la Intervención del Estado pero también el propio informe entregado en el juicio por el Ejecutivo vasco: “La consideración de que nos encontramos ante una retribución ordinaria, fija y periódica coincide con nuestra apreciación de que estas contraprestaciones económicas deberían tener carácter retributivo y no indemnizatorio [y tributar a Hacienda]”. De hecho, el Gobierno regularizó en su momento 1,5 millones por el IRPF no abonado por el pago de dietas a los mandos y ahora reclama esas cantidades a los afectados, que incluso han anunciado medidas de presión.
El Ejecutivo alega, en todo caso, que estos pagos se han hecho con base a un decreto de 2012 y antes –“desde hace décadas”- siguiendo “instrucciones sobre gastos incrementales”, por lo que defiende que las dos acusadas han actuado conforme a una normativa en vigor. Los letrados gubernamentales no niegan que sean necesarias reformas para ajustar el sistema de pagos y remarca que esas “medidas han sido implementadas por el Departamento de Seguridad” actual, por lo que interpretan que ni Arias ni Camino han incurrido en “responsabilidad contable”.
El sindicato Sipe, sin embargo, interpreta que en el juicio han quedado claras las irregularidades económicas. En una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Vitoria, la central garantizó que irá “hasta el final” para garantizar “cumplimiento de la legalidad”. En este sentido, anuncia medidas para frenar la subida salarial prevista en la ley de presupuestos vascas y que beneficiará con 3.336 euros a la escala de mando de la Ertzaintza. Según el Sipe, esa cantidad supone el 5% del salario cuando la subida general de los funcionarios se limitará al 1%, lo cual vulnera las directrices estatales.
Fuentes conocedoras del desarrollo de la vista han explicado que la Fiscalía ha adoptado una actitud pasiva y que no ha intervenido ni fijado posición. Tras la sesión de hoy, el caso ha quedado visto para sentencia, aunque la resolución podría tardar unos meses. La magistrada es Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia y cuyo papel fue polémico hace unos meses ya que decidió desmontar una sentencia condenatoria contra el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y contra su equipo por un gravoso alquiler de oficinas en la calle de San Antonio de la capital vasca.
