El Gobierno anuncia un “giro inversor” en unos presupuestos vascos sin alegrías económicas

El Gobierno vasco ha aprobado este martes su proyecto de presupuestos de 2017, que recoge un techo de gasto de 11.059,7 millones, el más elevado de la historia y 126,4 millones superior al presupuesto de 2016 (el matiz es que luego esa previsión quedó superada por el mayor margen de déficit autorizado por Europa y España y que reportó unos 268 millones adicionales a finales de año). De hecho, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, se ha cuidado de no hablar de cuentas “expansivas”. Aunque precisamente por la flexibilización del déficit también este año sí se ha podido llegar a “datos realmente importantes” en materia social (las áreas de Educación, Salud, Empleo y Políticas Sociales y Vivienda crecen varios puntos por encima de la media) y a un “giro inversor”, ya que se prevé acabar con años de caída en las inversiones públicas con un 5% más de dinero para este capítulo (si no se tienen en cuenta las obras del AVE, 350 millones adelantados por Euskadi pero luego compensados por el Estado).

Respecto a las inversiones, Azpiazu las incardina en el objetivo de impulsar la economía y el empleo desde la Administración ahora que Euskadi, como España y Europa, se halla en una fase de “estancamiento secular” en la que no volverá a conocer las fuertes subidas del PIB previas a la crisis (+2,3% en 2017). “El esfuerzo inversor que va a realizar este Gobierno con  1.239 millones, 43 millones más que en 2016, es destacable no por la cuantía, sino porque en los últimos años ha caído. Es importante dar un giro a esta cuestión, que la inversión tenga un papel importante en la actividad económica”, ha indicado el consejero en su estreno en la preparación de unos presupuestos tras relevar a Ricardo Gatzagaetxebarria al frente de la calculadora del Ejecutivo autonómico. Ha destacado incluso que la nueva obra pública que se pondrá en marcha repercutirá directamente en la actividad de las empresas contratistas, muy tocadas con la crisis.

El gran proyecto beneficiado por esta decisión política de reforzar las inversiones tractoras es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del área de Desarrollo Económico e Infraestructuras que dirige Arantxa Tapia. Suma ya 410 millones de euros, 23,6 más (el 6%) que en 2016. El detalle del resto de partidas se conocerá este jueves, cuando Azpiazu entregue el borrador de cuentas al Parlamento, que deberá ratificarlas de aquí a Semana Santa si se materializa el calendario previsto.

Subida técnica de la RGI

En cuanto a las políticas sociales, el Gobierno publicita que el 76% de su presupuesto va destinado a ese capítulo. Azpiazu ha reconocido que en ese porcentaje se incluyen también gastos corrientes como, por ejemplo, el sueldo del consejero de Salud, Jon Darpón, y otras partidas similares, aunque ha negado que sea un cálculo inflado ya que sigue una “metodología” que se aplica en otras Administraciones. Si la cuenta general sube un 1,2%, los números de las áreas sociales crecen por encima de la media, ha venido a remarcar.

Salud y Educación, que acaparan más de 6.000 de los 11.000 millones, crecen un 3,4% y un 2,1%, respectivamente. Concretamente, se promete más dotación para Osakidetza, para la de compra de medicamentos y para todos los niveles de la enseñanza (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universidad).

En materia de políticas sociales, nominalmente sube en 30 millones la partida para la renta de garantía de ingresos (RGI), casi 500 millones que son la mitad de los que dispondrá el área que dirige Beatriz Artolazabal. Se trata, sin embargo, de una subida técnica, de ajustar el dinero presupuestado al coste real del sistema de ayudas sociales, ya que desde la puesta en marcha de este modelo en 2008 se ha producido un desfase presupuestario de 410 millones que se ha tenido que paliar recortando de otras políticas sociales. Así las cosas, no hay subida real de la RGI más allá del 1,5% que se revalorizarán las prestaciones (el IPC y no el SMI, como marcaba la ley de 2008). En consonancia con esta directriz política, también se prorroga como cada año desde 2011 el recorte del 7% en todas las prestaciones. Las ayudas de emergencia social (AES) sí crecen en cuatro millones de euros hasta quedarse en 27 millones.

Respecto al nuevo derecho a una vivienda, recogido por ley en España por primera vez, Azpiazu no ha podido aclarar en qué términos queda reflejado en los presupuestos. La normativa que habilita a acceder a un piso protegido a quienes cumplen unos requisitos económicos ya está en vigor, pero quedaba pendiente regular la prestación económica sustitutoria en caso de que el Gobierno no disponga de viviendas suficientes. En los presupuestos de 2016 se estipuló que esta ayuda eliminaría el actual complemento de vivienda (PCV) de la RGI, lo que dejaría fuera del derecho a miles de extranjeros, principalmente. A preguntas de los periodistas, el Ejecutivo no ha especificado cómo se ajustará esta duplicidad de ayudas de vivienda para que, como se ha prometido, no haya recortes para ningún colectivo.

El proyecto presupuestario también ha permitido ver negro sobre blanco el peso del PSE-EE en el Gobierno de coalición. Los tres Departamentos dirigidos por los socialistas gestionarán el 3,96% del total económico, 4 de cada 100 euros, como adelantó eldiarionorte.es. Iñaki Arriola dispondrá de 191,8 millones en Medio Ambiente y Vivienda, Alfredo Retortillo de 36,2 en Turismo, Comercio y Consumo y María Jesús San José 209,8 en Trabajo y Justicia. En el conjunto del Gobierno, sólo la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, sale peor parada que en 2016, aunque en su caso se justifica porque este año no hay partida para elecciones autonómicas.

Previsión de subida a los funcionarios

Según ha informado Azpiazu, el presupuesto también prevé una mejora del 1% en la nómina de todos los funcionarios, aunque sujeta a la decisión que pueda adoptar en este sentido el Gobierno central. “Luego veríamos lo que suben [en las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy] y si habría que hacer alguna adaptación”, ha indicado el titular de Hacienda. En principio, la tramitación del presupuesto vasco podría solaparse con la de las cuentas generales, por lo que esta cuestión podría quedar solventada antes de la aprobación definitiva en el Parlamento. La Diputación de Álava, en cambio, aplica ya la subida salarial a su personal desde enero e independientemente de las directrices del Gobierno central.

Las cuentas también recogen información sobre el estado actual del endeudamiento de la comunidad autónoma, “más que asumible” según el consejero Azpiazu. Euskadi tiene unos 10.000 millones de deuda, equivalentes al 13,8% del PIB. El titular de Hacienda ha recordado que son cifras mucho más bajas que las de otras comunidades autónomas o que las del propio Estado. En todo caso, la “carga financiera” se lleva 1.036 millones, un 9% del total del dinero que gastará el Gobierno. De ellos, 248 estarán destinados al pago de intereses, menos que en 2016 debido a las condiciones más ventajosas del mercado tras los peores años de la crisis económica. Esos 1.036 millones, en todo caso, son 10 veces que el presupuesto de Presidencia o que el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, más de lo que cuesta la Ertzaintza y todas las políticas de Seguridad o el coste durante dos años de todo el sistema de ayudas sociales.

Encantado con el posible apoyo del PP

Las cuentas presentadas -con retraso debido a las elecciones y el proceso de conformación del nuevo gabinete de Iñigo Urkullu- deberán ser registradas ahora en el Parlamento, donde el Gobierno de PNV y PSE-EE necesitará de apoyos en la oposición para darlas por aprobadas. De momento, el partido que más interés ha mostrado en la negociación es el PP de Alfonso Alonso, con un ojo puesto también en las conversaciones presupuestarias del Gobierno central con en el PNV en las Cortes Generales.

Preguntado al respecto, el consejero Azpiazu ha declarado textualmente: “Yo estoy encantado de que el PP quiera apoyar estos presupuestos. Es una buena noticia”. No obstante, abrirá una ronda de contactos también con Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Ahora bien, ambas coaliciones de izquierda ya han manifestado sus dudas sobre unas cuentas que parten de una subida de la RGI del 1,5% frente al 8% que ha subido el SMI.