El Parlamento presiona al Gobierno para que lleve a la Fiscalía el caso de los comedores escolares
El Parlamento vasco se ha sumado al clamor social y ha soilicitado al Gobierno vasco que remita a la Fiscalía el caso de los comedores escolares. Se trata de que la Fiscalía decida si existen responsabilidades penales después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) descubriera que ocho empresas de catering se estaban repartiendo el mercado sin competir. La AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a estas empresas, que han prestado durante una década el servicio de comedores escolares públicos del País Vasco. Este organismo inició una investigación tras recibir una denuncia de una empresa en la que se desvelaba un reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas que prestaban el suministro de comidas preparadas para centros públicos con comedores dependientes del Departamento de Educación. La presión social está obligando al Gobierno a trasladar a las instancias judiciales lo ocurrido, pero de momento Educación no se ha pronunciado.
La resolución del Parlamento, que está respaldada por el PNV, EH Bildu y PSE-EE, también pide al Gobierno de Vitoria que estudie si se ha producido un daño patrimonial y, en su caso, los servicios jurídicos “inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados”.
También solicita que se intensifiquen los trabajos con los agentes implicados para que durante el contrato vigente se den los pasos para adecuar el modelo de gestión de los comedores con el fin de que cada centro público pueda elegir la forma de gestionar el suyo.
El PP pretendía ir más allá y ha acusado al Gobierno de actuar como “abogado defensor de los defraudadores”, es decir, de las empresas sancionadas por la Autoridad de la Competencia.
