Urkullu llevará a la Fiscalía el escándalo de los comedores escolares
El Gobierno vasco ha hecho suya la reclamación aprobada el pasado jueves por la Cámara autonómica sobre los comedores escolares y tiene previsto enviar a la Fiscalía en las próximas semanas -y previo estudio del caso por los letrados gubernamentales- el escándalo del cártel en los comedores escolares vascos durante una década. Fuentes oficiales del Ejecutivo vasco han confirmado a eldiarionorte.es que el Gobierno “irá a la Fiscalía con este tema”. El asunto no ha estado encima de la mesa para su aprobación en la reunión que ha mantenido el Consejo de Gobierno este martes, según las mismas fuentes.
La resolución del Parlamento -debatida a propuesta de EH Bidu, PP y UPyD y finalmente pactada entre PNV, PSE-EE y la coalición soberanista, con el respaldo de UPyD-, reclamaba también al Ejecutivo autonómico que estudiara si se había producido un daño patrimonial y, en su caso, los servicios jurídicos iniciaran “cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados”. El parlamentario 'popular' Iñaki Oyarzábal, cuyo grupo no respaldó la enmienda aprobada al considerarla insuficiente, habló de este escándalo como de un caso de “corrupción” -fue el primero que pidió la intervención de la Fiscalía anticorrupción- y apuntó en el debate en la Cámara que las irregularidades tenían su “origen” en el propio sistema de contratación diseñado por el Ejecutivo.
En la resolución, los partidos firmantes también solicitaban que se intensificaran los trabajos con los agentes implicados para que durante el contrato vigente -que se modificó con la actual consejera de Educación en el cargo, Cristina Uriarte, se den los pasos para adecuar el modelo de gestión de los comedores con el fin de que cada centro público pueda elegir la forma de gestionar el suyo.
Clamor social
El Parlamento vasco se sumó la semana pasada a lo que ya es un clamor social ante el escándalo de los comedores escolares y presionó al Ejecutivo con una proposición no de ley en la que los partidos firmantes -incluido el PNV, exigía que se remitiera a la Fiscalía el caso de los comedores escolares. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impuso una sanción de 18 millones de euros a las empresas que han prestado durante una década a modo de cártel y sin competencia el servicio de comedores escolares públicos en Euskadi.
El objetivo de la iniciativa parlamentaria era poner en manos del Ministerio Público para que investigue el caso y vea si existen responsabilidades penales después de que la Autoridad de la Competencia descubriera que ocho empresas de catering se estaban repartiendo el mercado sin competir. Este organismo inició una investigación tras recibir una denuncia de una empresa en la que se desvelaba un reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas que prestaban el suministro de comidas preparadas para centros públicos con comedores dependientes del Departamento de Educación. La presión social está obligando al Gobierno a trasladar a las instancias judiciales lo ocurrido, pero de momento Educación no se ha pronunciado.
