El Gobierno constata problemas con los residuos de Zabalgarbi pero descarta contaminación
El Gobierno vasco ha rechazado que Zabalgarbi, la única incineradora de residuos de Euskadi, haya causado problemas de contaminación aunque sí ha detectado superación de los límites establecidos en las escorias, los desechos causados por la incineración, que ha obligado a acometer un “plan de acción que se encuentra en ejecución y a la espera de determinar sus resultados”, según dice un informe del Departamento de Medio Ambiente.
Medio Ambiente ha respondido así al estudio realizado por Ekologistak Martxan, el principal grupo verde vasca, que denunció que Zabalgarbi ubicada en Bilbao, funcionó ilegalmente durante 2012 al registrar cuatro episodios de contaminación y por incumplir la eficiencia energética exigida por la Unión Europea. El informe decía que la planta debía haber parado su actividad durante esos cuatro episodios de contaminación “pero solo paró una vez” y que se superaron los límites de emisión de sustancias tóxicas, como partículas, monóxidos de carbono y ácido clorhídrico. Los ecologistas agregaban que las escorias (residuos generados en la incineración) también ofrecen “dos parámetros por encima de los límites, que las convierten en residuos peligrosos y que no pueden ser llevados a vertederos de inertes como se ha hecho”.
El informe de la Dirección de Administración Ambiental, redactado el 12 de febrero, señala que en el tratamiento de las escorias, que siempre han sido las principales críticas de los ecologistas a las incineradoras, “si bien se acredita con carácter general el cumplimiento” para que sean llevadas a vertederos de inertes, se han registrado “superaciones del carbono orgánico disuelto que Zabalgarbi ha venido comunicando” al Gobierno.
Para resolver este problema, la empresa ha presentado un plan de acción para resolver este problema, que está en ejecución y, cuando se dispongan los resultados, se “determinará la vía de gestión válida aplicable a las escorias en cuestión. En todo caso, debe señalarse que las analíticas realizadas acreditan el cumplimiento de la normativa de incineración, que establece un valor límite de carbono orgánico total del 3%”, agrega.
Sobre los cuatro episodios de contaminación, no aporta más detalles más que asegurar que “no se ha producido ningún incumplimiento de las condiciones” establecidas para las “emisiones atmosféricas y gestión de residuos peligrosos”.
Otra de las críticas del informe de los ecologistas se refería a que Zabalgarbi funcionó de manera ilegal al no cumplir el índice de eficiencia energética para una instalación generadora de energía. El hecho de que produzca electricidad a través de residuos le posibilita no tratar previamente esos desechos que son quemados. El Gobierno asegura que desde octubre existe una nueva legislación sobre esta materia, por lo que ahora se está estudiando si la incineradora debe catalogarse como una instalación es de valorización energética de residuos o de eliminación de residuos. La diferencia es sustancial, ya que en el segundo caso obliga a un tratamiento previo de los desechos, que ahora Zabalgarbi no realiza.
