El ex jefe de la Hacienda en Bizkaia pide el indulto para evitar la cárcel

El ex máximo responsable de la lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, ha pedido el indulto al Gobierno central para así evitar ir a la cárcel. Ibarra, quien fue jefe de la Inspección fiscal de la Hacienda vizcaína durante 15 años (de 1989 a 2004, año en que se desvelaron las irregularidades), está condenado a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad en documento público. El Supremo consideró probado que benefició a cerca de 200 contribuyentes al simular que estaban siendo investigados por la Hacienda vizcaína cuando en realidad no había ninguna actuación sobre ellos.

El fallo, del pasado año, anulaba la absolución dictada en 2011 por la Audiencia de Bizkaia, pese a reconocer que el ex jefe de la Inspección acometió un procedimiento nada habitual. Ibarra era el máximo responsable de controlar que los contribuyentes pagasen lo que debían en Bizkaia y solo tenía como superiores a dos cargos políticos: el director de Hacienda y el diputado foral. En el juicio se revelaron múltiples anomalías en la Hacienda: hasta siete inspectores confirmaron irregularidades como dejar prescribir 4,2 millones de fraude de un contribuyente, el pago de una deuda por un asesor fiscal días antes de que la Hacienda le notificase el inicio de una inspección o la obstrucción a la labor de un inspector de la Hacienda estatal.

Una de las principales pruebas de la Fiscalía para culparle, la existencia de 337.000 euros sin justificar en las cuentas de Ibarra, fue justificada por el condenado en que procedía de un “dinero negro” que su padre guardaba en un armario. Pese a ser el máximo responsable del Fisco, admitió que nunca lo declaró a Hacienda. Y también fue destacable la actitud de la Diputación de Vizcaya, que actuó como acusación particular durante la larga instrucción de siete años, pero se retiró meses antes del juicio al considerar que no hubo perjuicio a las arcas forales.

La absolución inicial de Ibarra trajo la tranquilidad al encausado y a la Diputación, que siempre ha hablado de este caso como una “actuación personal”. Pero el fallo condenatorio del Supremo (del que solo queda pendiente un recurso al Tribunal Constitucional) sembró de nuevo la inquietud. Ibarra inició una campaña primero buscando apoyos a su persona, según fuentes de Hacienda. Envió una carta pidiendo respaldo en el área de Hacienda pero también a otras personalidades fuera de la Diputación. A ello ha unido la tramitación de la petición de indulto, que debe ser informada favorablemente o no por la Fiscalía en Madrid del Tribunal Supremo y posteriormente la decisión final corresponde al Consejo de Ministros. La Fiscalía vasca no interviene en este trámite, según fuentes jurídicas.

Ibarra también ha buscado ayuda en el Obispado de Bilbao, ya que tiene una fuerte relación con personas que han estado en la institución eclesiástica, aunque un portavoz del Obispado ha asegurado que no tiene constancia oficial de que se esté mediando en este asunto.

Mientras, el ex jefe de la Inspección Fiscal mantiene su hermetismo con sus compañeros de trabajo de Hacienda. “Nos dice que está a la espera [del indulto]”, aseguran quienes trabajan con él. Desde que fue destituido de su cargo (mientras no hay sentencia firme continúa como funcionario) se ha dedicado a tareas administrativas, como la elaboración de informes y estudios, pero sin ninguna responsabilidad ni contacto con el ciudadano. “Ficha y cumple su horario como uno más”. Su relación con sus compañeros es buena aunque “es bastante impenetrable”, agregan los mismos medios.

A Ibarra apenas le quedan tres años para jubilarse y, según su entorno, su inhabilitación como funcionario no le preocupa en exceso pero si tener que ingresar en la cárcel. El ex jefe de la Inspección es funcionario del Estado y en 1984 fue destinado en Bilbao. En 1987 se transfirió a la Hacienda de Vizcaya. Desde que accedió al cargo de responsable de la Inspección, “cada diputado de Hacienda se lo ha querido cargar”, aseguran fuentes de Hacienda, “pero ha tenido siempre buenas agarraderas en el partido [el PNV]”. En este caso, “ha asumido que todo era suyo”, lo que explicaría que la Diputación retirara su acusación antes del juicio. Antes de realizar las oposiciones para ser funcionario de Hacienda, trabajó en el primero Gobierno vasco con Carlos Garaikoetxea pero salió tras fuertes discrepancias con sus superiores.