Dos empresas ganan 57 millones en 19 años gracias a la concesión a dedo de las ITV en Euskadi
Como en Cataluña, también en el País Vasco existe un ‘caso ITV’. No ha adquirido consecuencias penales, de momento, pero sí ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia firme. Determina que dos de las cuatro empresas que explotan las Inspecciones Técnicas de Vehículos en Euskadi nunca debieron ganar el concurso. En otras palabras, que el Gobierno vasco les dio la concesión a dedo, saltándose la legalidad, saltándose las propias condiciones que había establecido.
El problema no es nuevo, sino que la adjudicación se produjo hace dos décadas. Exactamente en noviembre de 1993. El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV), repartió entre cuatro empresas la concesión de cuatro lotes, con dos ITV cada una. El contrato tiene una duración de 30 años. Así, las empresas beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun). Aunque la resolución la firmó José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales, la resposabilidad recayó sobre la viceconsejería de Administración Industrial y Planificación que lideraba José Miguel Corres.
Aquella decisión desencadenó una larguísima batalla judicial, que necesitó una larga travesía hasta llegar a una sentencia firme, en 2007. Sin embargo, el recorrido por los tribunales aún está lejos de terminar y de resolverse. De hecho, 19 años después de que el Gobierno Vasco concediera las ITV, las dos empresas que en su día ganaron los concursos indebidamente todavía siguen explotando la estación de Vitoria y las guipuzcoanas de Bergara, Urnieta e Irun. En este tiempo, han obtenido unos beneficios netos de aproximadamente 1,5 millones de euros por año, lo que suma 57 millones entre las dos compañías.
Existe un matiz. Los tribunales ya han obligado a que una de las empresas, Luybas (más tarde absorbida por la multinacional Applus+), ceda su lugar a la que debió ser la verdadera ganadora. En cambio, en el caso de la otra compañía, TÜV Rheinland, se determinó que nunca debió ganar pero por un grave defecto de forma por parte en el Supremo, el Tribunal Constitucional ha obligado a regresar al momento inicial del proceso, a 1994. La multinacional alemana alegó “indefensión” por una serie de errores cometidos en el proceso, y se aceptó el recurso. El juicio se acaba de reiniciar.
El caso es que, tras dos décadas, aún persisten varios frentes abiertos y de difícil resolución. Por un lado, a día de hoy siguen pendientes distintos recursos presentados ante el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en relación con la ejecución de la sentencia de 2007, que están pendientes de admisión o de resolución.
Cambios en Vitoria y Bergara
Otro frente se sitúa en el Gobierno Vasco, la administración que en 1993 adjudicó la concesión de las ITV por 30 años. El Supremo ha dejado demostrado que el Ejecutivo autónomo, al aplicar los criterios de valoración de las distintas candidaturas, adjudicó los contratos a dedo. Por tanto, se alteró el resultado final del concurso. Un ejemplo: se valoró la solvencia económica de una empresa con la máxima puntuación, cuando realmente el documento que presentó la compañía no lo acreditaba en ningún momento.
En estos momentos, existe un auto de los tribunales que fuerza al Gobierno Vasco a cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de inspección de Vitoria y de Bergara. Así, la multinacional Applus+ debe dejar de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años y debe traspasarla a la compañía a la que se le usurpó en aquel concurso, ITA Asua.
En las próximas semanas, el nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco está obligado a cambiar el adjudicatario. Pero no es una tarea fácil. Hay múltiples elementos que complican la solución. Teniendo en cuenta que han transcurrido 19 años desde la adjudicación, ¿por cuánto tiempo darán la concesión a ITA Asua? Podría ser por los 11 años restantes del contrato, aunque parece más probable que la Administración le otorgue la concesión para los próximos 30 años. Aunque en ese caso, habrá que ver si la empresa pide indemnización por la demora en la adjudicación.
Y otra cuestión: ¿qué pasará con los trabajadores de la actual concesionaria? ¿Se subrogarán a la nueva empresa adjudicataria? En principio, ITA Asua está dispuesta a hacerse cargo de los empleados que dependen de Applus+. Pero quedan aún muchas preguntas por responder.
