Trabajo investiga al ex alto cargo del PNV que cobra 210.000 euros sin ir a su puesto
La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, investiga desde noviembre al ex alto cargo del PNV que ha cobrado 210.000 euros de una empresa pública en los últimos tres años sin ir a trabajar. Un inspector, según han confirmado a eldiarionorte.es fuentes próximas a la investigación, ha realizado ya diversas actuaciones sobre la actividad laboral de Juan Cruz Nieves, quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao.
La Inspección ya se ha personado en la sede de la empresa Ibarzaharra, con la que Nieves tiene un contrato de adjunto a la gerencia desde febrero de 2011, y está a punto de culminar su informe, según las mismas fuentes. El implicado, un significado ex dirigente del PNV (ha sido portavoz en las Juntas Generales de Vizcaya), se enfrenta a la imposición de una multa y a la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social en estos tres años, en caso de que la Inspección confirme las irregularidades. La sanción, según establece la ley sobre estos temas, puede recaer en la empresa, el trabajador o en ambos.
Uno de los motivos para su contratación era solucionar sus últimos años de vida laboral, ya que cumplió 65 años en agosto de 2012. Un pacto político entre el PNV y el PSE posibilitó su entrada en esa empresa pública, creada en 2007 para regenerar suelos industriales en Sestao. Sin embargo, tras cumplir la edad de jubilación, ha persistido con su cargo y nómina, que le reporta cerca de de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad. Como ha publicado este diario, apenas ha acudido a media docena de reuniones y en todas ellas tras ser requerido para ello. El salario que percibe es el doble de la pensión máxima actual, fijada en 35.762 euros brutos anuales.
Sobre el dinero percibido, fuentes de la Inspección, consultadas por este diario, han asegurado que correspondería su reclamación a la empresa que le ha contratado. En este caso, la situación irregular de Nieves ha tenido el beneplácito de la sociedad pública. Este asunto fue abordado en una reunión de Ibarzaharra en 2012 tras una propuesta del Gobierno vasco para que se resolviese (mediante la asistencia normal al puesto de trabajo o, en su defecto, el despido) pero no tuvo el respaldo del resto de los socios de Ibarzaharra: el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.
La sociedad Ibarzaharra solo tiene otros dos empleados, un gerente y una administrativa, puesto que su labor que ha realizado desde 2007 es de tramitación urbanística para impulsar un área industrial en los terrenos que ubicaba la extinta fábrica Babcock Wilcox en Sestao. El proyecto lleva parado los últimos tres años, lo que ha provocado acusaciones del PNV hacia el Gobierno central. No se ha acometido ninguna obra en la zona.
