Juicio mercantil de Hiriko: el coche eléctrico vasco pasa su primera ITV
El histórico garaje Alas de Vitoria, como la primera fábrica de Fiat en Turín, tenía en su tejado un espacio de pruebas para testar los vehículos. Pero el coche eléctrico que se diseñó en el Alas, el Hiriko, no consiguió revolucionar la movilidad urbana, como se publicitó a bombo y platillo al anunciar la comercialización de 60.000 unidades y convenios con grandes empresas y países, al contrario de lo que hace exactamente seis décadas consiguió el utiliario italiano más famoso, el pequeño Cinquecento. El fallido vehículo eléctrico con label vasco, impulsado políticamente por el PNV y que se tragó 18,9 millones en ayudas públicas -17,2 del Estado y el resto de instituciones vascas- pasa este viernes su primera ITV, el juicio mercantil en el que Fiscalía y Abogacía del Estado aspiran a una condena para que los promotores devuelvan las subvenciones perdidas, y continúa a la espera de que concluya una segunda investigación, la penal, en la que empresarios detrás de Hiriko podrían enfrentarse incluso a penas de prisión.
Lo que se ventila en el proceso mercantil -cuya vista previa deberá determinar el calendario completo del juicio- es si el concurso de acreedores de la entidad “sin ánimo de lucro” Afypaida, la matriz del entramado de empresas detrás de Hiriko, es declarado “culpable”. Según la administración concursal, encabezada por Francisco Javier Escobosa, los empresarios promotores, encabezados por Jesús Echave (cercano al partido nacionalista), y el que fuera director general del proyecto, el exconcejal del PNV en Vitoria Iñigo Antia, realizaron una gestión deficiente y no sólo no arriesgaron su capital sino que, entre otros fondos, dilapidaron las millonarias ayudas públicas que el PNV procuró para Hiriko en sus negociaciones con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero.
En vez de los 20 prototipos prometidos, apenas se completó uno. Con el dinero que gastó la Administración podrían haberse adquirido nada menos que 34 de los exclusivos Rolls Royce Phantom VIII, el nuevo modelo de superlujo introducido en el mercado recientemente. En la investigación penal paralela al proceso mercantil, la Fiscalía ha determinado inicialmente que existieron hasta 22 operaciones sospechosas y que se pudieron desviar hasta 6,4 millones de euros para fines diferentes a los que se había concedido el dinero público.
Hay algunos movimientos llamativos. Echave, por ejemplo, cobró ayudas por un alquiler simulado del Alas cuando este garaje ya era de su propiedad. Su reforma también corrió a cargo del proyecto Hiriko. También se investiga la incorporación a su colección particular de vehículos de un prototipo de carreras adquirido con cargo a las subvenciones del entonces llamado Ministerio de Ciencia, dirigido por Cristina Garmendia (PSOE). O una partida de 1,8 millones de euros obtenida para un acuerdo entre DenokInn, otra entidad sin ánimo de lucro investigada y vinculada directamente a Hiriko, y el MIT de Massachussets y que supuso un desembolso de 1,8 millones... de dólares, con lo que se quedaron en el camino 453.000 euros por el cambio de divisas.
El administrador concursal ha cuantificado el “daño al interés general” en 15,7 millones de euros. Ésa es la cantidad que el fiscal del caso, Vicente Briansó, reclama que devuelvan Echave, Antia y otros dos de los promotores, el conocido empresario vitoriano José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio. Para el cuarteto reclama diez años de inhabilitación para la gestión de bienes ajenos. El ministerio público señala también como “cómplices” de la quiebra de Hiriko a una quincena de sociedades y particulares, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.
La abogacía del Estado, sin embargo, eleva la reclamación de devolución hasta los 18,9 millones, el conjunto del pasivo acumulado por Afypaida. En un duro escrito de 192 folios, la anterior abogada del Estado en Euskadi, Macarena Olona, describía toda la mecánica de irregularidades detrás del coche eléctrico y concluía que existían sobrados motivos para declarar culpables a los promotores. El juicio mercantil se ha retrasado precisamente de julio a septiembre por el relevo de Olona y la llegada de un nuevo letrado de la Administración central.
Las defensas de los acusados defenderán en el procedimiento la inocencia de sus patrocinados. En el proceso se han personado conocidos letrados como Gonzalo Susaeta, Javier Beramendi o Jesús Urraza, algunos de los más prestigiosos penalistas vascos y que han participado en otros asuntos relacionados con la política como el 'caso De Miguel' en el caso del primero.
