La Justicia tumba la OPE de 250 ertzainas que se gradúa esta semana en Arkaute
La juez de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Ana Isabel Rodrigo ha emitido una sentencia judicial que a buen seguro generará un terremoto político: ha anulado a petición del Gobierno central la última OPE de 250 plazas de la Ertzaintza. La magistrada argumenta que el Gobierno vasco no ha respetado la limitación de la tasa de reposición de funcionarios fijada en los presupuestos generales del Estado como una medida más para la contención del gasto en todas las administraciones públicas españolas.
La OPE ahora anulada fue convocada en 2015 y estaba previsto que los 250 nuevos ertzainas se graduasen esta misma semana en la academia de Arkaute. Euskadi argumentaba que el régimen de Policía autonómica especial le permitía no seguir las directrices estatales en materia de función pública, ya que es en la Junta de Seguridad que sienta al Ministerio del Interior y al Departamento vasco de Seguridad donde se fija la plantilla de la Ertzaintza.
Ese órgano fijó hace ya años en 8.000 el número de policías a disposición de Euskadi. Sin embargo, la cascada de jubilaciones que se avecinan en una Policía avejentada –el 50% de la plantilla actual se habrá retirado de aquí a una década- ha obligado a convocar nuevas promociones regularmente en los últimos años. Incluso el PP vasco había demandado medidas para garantizar esa cifra de 8.000 ante la evidencia de que el servicio de seguridad pública pueda colapsar de aquí a unos pocos años.
El Tribunal Superior de Justicia estima que “no puede concluirse ni que el sistema de financiación propio de la comunidad autónoma [el Concierto Económico] ni la raíz foral de la institución policial del País Vasco sitúen a la comunidad autónoma al margen de la ley de presupuestos generales del Estado en los apartados de carácter básico”. También afea al Gobierno del PNV que apele a los “derechos históricos” vascos cuando “no constituyen un título autónomo que atribuya competencias”.
El Gobierno vasco recurrirá esta sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, si bien queda en el aire qué ocurrirá con los funcionarios que recogerán sus credenciales en Arkaute este mismo viernes. De no ingresar en el cuerpo, la Ertzaintza contaría ya con una plantilla inferior en unos 500 efectivos a su despliegue establecido, por el cual es la Policía “integral” vasca relevando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha explicado a preguntas de los periodistas que el hecho de que el fallo sea “recurrible” no impide que el proceso siga adelante. Es decir, el Gobierno mantiene en su agenda la tradicional graduación de Arkaute que se remata con los jóvenes agentes lanzando su 'txapela' roja al aire.
Erkoreka ha denunciado también el “gravísimo” ataque al autogobierno vasco y ha asegurado que defenderán hasta el final el “sustrato” especial que la foralidad otorga a la Policía vasca. En todo caso, ha reconocido que una hipotética paralización del ingreso de los nuevos funcionarios comprometería la calidad del servicio de seguridad pública. “Luego muy difícilmente se nos podrán pedir cuentas por que la seguridad no sea lo efectiva que debe ser”, ha advertido el consejero-portavoz al Gobierno central.
El sindicato Erne, el de mayor implantación en la Ertzaintza, también ha manifestado su preocupación por el fallo. Erne considera imprescindible garantizar “al menos” una plantilla de 8.000 efectivos, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza yihadista global. Trasladará esta demanda tanto a los partidos políticos vascos como al Ministerio del Interior
