Kontsumobide deniega la ayuda a una asociación de afectados por las subordinadas
Cuatro meses. Ese es el tiempo que ha tardado el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide en responder a una petición de ayuda de la asociación Bizkaiko Minduak, una agrupación de afectados por las aportaciones subordinadas financieras de Eroski y Fagor Electrodomésticos que se constituyó el pasado mes de febrero y que cuenta con más de 700 socios. Y después de esos cuatro meses, ha respondido denegando la ayuda económica que la asociación solicitaba para sus gastos de funcionamiento. Kontsumobide argumenta que ha consignado 25.000 euros para Kalketuak, la organización en la que antes se integraban los miembros de Minduak y de la que estos se marcharon por “discrepancias” en la manera de funcionar. El caso es que nadie se va a poder beneficiar de ese dinero porque Kalketuak lo rechaza para “no verse prisionero y cautivo” de la política que el Gobierno vasco está siguiendo con las aportaciones financieras subordinadas. Un drama que tiene atrapados los ahorros de 40.000 familias.
Minduak, que agrupa a afectados por las aportaciones subordinadas especialmente en Bizkaia, se separó de Kalketuak tras desarrollar un proceso de reflexión que les llevó a constituir la nueva asociación con el objetivo de lograr una mayor efectividad en las actuaciones. En defensa de los intereses de los afectados, rechaza la oferta de Eroski de una quita del 30% y ha optado por la presentación en los tribunales de demandas individuales. José Antonio Urrutia, su secretario, asegura que ya se han presentado más de 150 demandas con el objetivo de que los afectados recuperen el dinero que en su día invirtieron en esos productos financieros. En el caso de los asociados de Bizkaiko Minduak, sus integrantes invirtieron una media de 33.000 euros en aportaciones subordinadas de Fagor y Eroski.
Urrutia recurrió a Kontsumobide para que ayudarará económicamente a su organización en los gastos de funcionamiento habituales en este tipo de casos. El 7 de junio mandó una carta al Instituto Vasco de Consumo, pero pasaron cuatro meses y no obtuvo ningún tipo de respuesta. “Cuando ví que el Gobierno había aprobado un proyecto de ley por el que se comprometía a responder en 15 días a las cuestiones planteadas por los ciudadanos, volví a escribir a Kontsumobide afeándoles su silencio. Me respondieron enseguida asegurando que no habían contestado antes porque no tenían la dirección del presidente de Minduak. ¿Y no pudieron pedírmela a mí? Solo son excusas”.
El secretario de Minduak insiste en que “el Gobierno no quiere darnos ningún tipo de ayuda para dejarnos en una situación de mayor debilidad. Hemos optado por judicializar la cuestión porque es la opción más viable que vemos y, además, los jueces están fallando a nuestro favor”.
Txaro Sarasua, parlamentaria del PSE, cree que Kontsumobide “no está haciendo lo que debe por ayudar a estas personas, que lo están pasando realmente mal”. “Han denegado la ayuda a una asociación con una cantidad de afectados muy representativa. ¿Por qué el Gobierno vasco no considera a las asociaciones de personas afectadas como representativas de un problema meramente vasco y les incluye en las ayudas destinadas para las asociaciones de consumo?”. Según Sarasua, el Ejecutivo de Vitoria no acaba de entender “la excepcionalidad” del asunto.
