Kontsumobide y el desamparo de los afectados por las 'preferentes vascas'
La historia del Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide y los afectados por las aportaciones financieras subordinadas (AFS) de Eroski y Fagor Electrodomésticos es una historia de desencuentros. Cuando estalla el escándalo, los afectados vieron en Kontsumobide un asidero al que aferrarse y en el que confiar para resolver el entuerto, pero el tiempo y los hechos no les han confirmado esta esperanza. “El conglomerado formado por PNV, Gobierno vasco, Kontsumobide, Belén Greaves y Elena Unzueta [exdirecxtoras del Instituto] ha hecho de todo menos defender los intereses de los perjudicados”, se lamenta José Antonio Urrutia, portavoz de la asociación de afectados Bizkaiko Minduak.
La Ley de creación de Kontsumobide destaca entre sus objetivos “defender y proteger a las personas consumidoras y usuarias”. Además, se impone “velar por que los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores incorporen la información” y “conseguir los niveles de seguridad legalmente exigibles y establecer campañas de prevención dirigidas especialmente a evitar el fraude, la información que induzca a error o esté incompleta, la publicidad engañosa y la utilización de cláusulas abusivas, incorporando cláusulas necesarias y obligatorias”. Justo el nudo gordiano de lo que ha ocurrido con las conocidas como ‘las preferentes vascas’ y que las sentencias judiciales están poniendo blanco sobre negro: la información ofrecida por los bancos a la hora de comercializar no se ajusta a la realidad del producto.
El primer encontronazo se produce con las declaraciones de la entonces directora de Kontsumobide, Belén Greaves, a un medio de comunicación: “Eroski y Fagor lo hicieron bien”. Hasta Jueces para la Democracia dijo que no veía imparcial a Kontsumobide a raíz de estas declaraciones, que terminaron por costarle el puesto a Greaves. El día 6 de junio de 2013, es reprobada por el Parlamento y posteriormente dimite.
El 16 de septiembre de 2013, el PNV y el PSE firman unos acuerdos y dentro de ellos estaba este punto: “Seguir impulsando medidas para abordar una solución a las personas afectadas por las acciones subordinadas financieras”. ¿En qué quedó? “Como siempre, en agua de borrajas. Ninguna acción práctica a favor de los afectados, sino todo lo contrario”, asegura con enfado Urrutia.
Ayuda denegada
En noviembre de ese año, Bizkaiko Minduak solicita ayuda económica al Instituto de Consumo basándose en el acuerdo del Parlamento de 6 de junio, donde se insta al Gobierno a dar apoyo jurídico y económico. Pero esa ayuda es denegada.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los afectados es el canje propuesto por Eroski para sus AFS, que cuenta con el visto bueno de los bancos y de Konstumobide: El 55% en Bonos Subordinados a 12 años, el 15% en metálico y el 30% restante va a ser una quita. Según Kontsumobide “se ha propiciado un acercamiento entre las partes”. Pero en realidad, los muñidores de este acuerdo son Eroski y los bancos. Los afectados no tomaron parte. “Está claro”, reprocha Urrutia, “que no ha habido una solución. El supuesto organismo para la defensa de los consumidores, omite al igual que Eroski, la quita del 30%. El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y después de casi dos años se constata que Kontsumobide no ha hecho nada tangible a favor de los afectados”.
