Kontsumobide deja pasar 2013 sin dar respuesta a los afectados por las subordinadas
Kontsumobide no ha presentado aun una propuesta para mediar entre los afectados por la compra de productos subordinados de Eroski y Fagor, pese a que el Parlamento vasco le encomendó el pasado 28 de febrero que buscara una solución. Fuentes del Instituto Vasco de Consumo han explicado que “siguen trabajando” y no se han puesto ningún límite temporal para poner negro sobre blanco su resolución. Los 1.300 afectados aglutinados en torno a la asociación Kalketuak, cuyos responsables se han reunido en la tres últimas semanas con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y con la nueva directora de Kontsumobide, Elena Unzueta, no han obtenido una respuesta clara sobre sus exigencias. Y siguen a la espera.
“La directora nos ha sugerido que en enero tal vez puedan tener redactada su propuesta de mediación, pero tampoco nos lo ha asegurado completamente”, señala José Antonio Urrutia, uno de los representantes de Kalketuak que ha estado presente en ambas reuniones. Una portavoz del Instituto Vasco de Consumo ha asegurado que no se han puesto “límite temporal” y que “siguen trabajando” para dar respuesta al mandato parlamentario.
Kontsumobie analiza las diferentes propuestas de solución planteadas en la mediación “desde una postura neutral e imparcial” con el “claro y único objetivo de dar una solución lo mejor y más rápido posible a las personas consumidoras que están sufriendo esta situación”. Esta es la posición oficial del Instituto desde que el pasado 29 de octubre, cuando la nueva directora, compareció ante la Cámara a petición de los socialistas. Elena Unzueta había sido nombrada en julio en sustitución de Belén Greaves, que presentó su dimisión tras ser reprobada en el Parlamento por su defensa de la gestión de Eroski y Fagor en relación a las aportaciones subordinadas.
Ni siquiera el número de afectados está claro a día de hoy. Kontsumobide explicó que la información la tienen que aportar las entidades financieras que colocaron los productos subordinados y que algunas de ellas aún no lo habían hecho. Según los datos que maneja el instituto, un total de 30.545 compradores fueron personas físicas, aunque hay personas que adquirieron títulos de varias emisiones por lo que en Kontsumobide se considera esta cantidad como un “valor techo”. Oficialmente, se han presentado en el instituto un total de 833 reclamaciones. Oficialmente, Eroski ha admitido que emitió 660 millones de euros de subordinadas y Fagor, 185 millones de euros.
La queja mayoritaria señala que, “en el momento de contratar” el producto, las entidades no le explicaron que “se trataba de un producto a perpetuidad”, y en la gran mayoría de los casos se indica “haber recibido una información relativa a cinco años”. Algo que están reconociendo los jueces en sus últimas sentencias, obligando a las entidades a devolver el dinero contratado con el banco o la caja correspondiente.
Los responsables de Kalketeuak, de momento, han seguido el consejo del Ararteko que, a mediados de septiembre, recordó que Kontsumobide está llevando a cabo una investigación sobre estas aportaciones subordinadas a petición del Parlamento y por ello aconsejaba a los afectados esperar a que finalizara su actuación “antes de hacer un uso generalizado de los servicios de arbitraje”. El Ararteko consideró apropiado que tras la tarea de Kontsumobide se ofreciera la vía del arbitraje a aquellas personas titulares de aportaciones subordinadas que no les haya satisfecho el resultado del trabajo del citado organismo.
Demanda colectiva
De hecho, Kalketuak esperará a la propuesta de mediacion para decidir si se inclina por llevar los casos a los tribunales. Si finalmente la propuesta de Kontsumobide ve la luz en enero, coincidirá con el juicio de la primera demanda colectiva de entidad en Euskadi. En la vista oral, el juez tendrá que determinar si Eroski, emisora de los productos financieros, y el banco que los comercializó (BBVA) utilizaron una posible “publicidad engañosa” para conseguir clientes, si hubo vicio de consentimiento, esto es, si los clientes realmente no querían comprar los productos que finalmente adquirieron en las sucursales del BBVA y si los contratos firmado tenían cláusulas que realmente era nulas. La asociación de consumidores Adicae exige la devolución del capital invertido con sus correspondientes intereses.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha pedido al titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao una resolución “ejemplar y que globalice la solución ante este engaño masivo y generalizado en el que se han visto atrapadas miles de familias por una publicidad claramente engañosa”. Los servicios jurídicos de Adicae tienen en la mesa otras 700 demandas. La idea de la asociación es agruparlas en función de quiénes sean las entidades que las emitieron y las que finalmente las comercializaron.
